El presidente Bukele mina la separación de poderes en El Salvador

Preocupan en El Salvador los últimos movimientos del presidente, Nayib Bukele. La Asamblea Legislativa, controlada con amplia mayoría por diputados oficialistas, aprobó esta semana dos decretos que ordenan la jubilación de todos los jueces y fiscales mayores de 30 años, o que lleven más de tres décadas ejerciendo como magistrados.

Al menos un tercio de los 690 jueces del país se verán obligados a dejar sus puestos de trabajo. Sus sustitutos, según las mismas resoluciones, serán nombrados por la Corte Plena y la Fiscalía General, órganos controlados ahora por leales a Bukele.

«No más jueces corruptos y Justicia a la medida de grupos de poder» señaló el líder del Legislativo, Ernesto Castro, para justificar la medida, sin explicar cómo la jubilación solo de los jueces más veteranos va a contribuir a depurar el sistema.

Varios sectores de la sociedad civil han denunciado que el movimiento de Bukele mina la independencia del poder judicial, aun admitiendo que parte relevante de la judicatura es corrupta, y necesita relevo.

«Estas nuevas leyes parecen tener el propósito de asegurar el control del Gobierno sobre un número importante de fiscales y jueces de tribunales inferiores», ha señalado José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch.

Nayib Bukele llegó a la presidencia en junio del 2019, aupado por el descontento de la población con los partidos tradicionales, profundamente corruptos.

Los dos líderes que le precedieron, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, se encuentran prófugos de la Justicia, exiliados en Nicaragua. El anterior, Elías Saca, está en prisión, con condena de una década.

Bukele ha logrado, en sus dos años al frente del país, una espectacular reducción de la violencia en el que era uno de los Estados con un índice de delincuencia más elevado del mundo, recabando una muy considerable popularidad entre la población.

Pero parte de la sociedad civil se encuentra en alerta y denuncia el deterioro de las instituciones democráticas. La primera alarma sonó en febrero del 2020, cuando Bukele entró en el Legislativo acompañado de militares, después de que la Cámara, todavía controlada por la oposición, se negase a aprobar un préstamo que el Gobierno reclamaba.

Control del parlamento

El presidente pasó a controlar el parlamento en mayo del 2021, después de que su partido, Nuevas Ideas, arrasase en las legislativas. Su primera medida fue polémica. Los nuevos diputados aprobaron destituir, de un plumazo, a los cinco jueces de la sala Constitucional del Tribunal Supremo y también al Fiscal General.

Esos despidos, así como la reciente aprobación de los decretos que jubilan a jueces y fiscales, fueron aprobadas por la cámara sin mayor debate parlamentario, cumpliendo los deseos del presidente.

Bukele también ha anunciado que doblará los efectivos de las Fuerzas Armadas para luchar contra las pandillas, una decisión que también ha sido foco de críticas.

Sin mayor debate parlamentario fue aprobada también la Ley por la que la criptodivisa Bitcoin se convierte en moneda de uso legal en El Salvador a partir del 7 de septiembre, medida rechazada por, al menos, tres cuartas partes de la ciudadanía, y que está siendo utilizada por la oposición para intentar minar la popularidad de un Gobierno que es apoyado por una amplia mayoría de los salvadoreños, mientras es acusado de señalar a la prensa, de haber negociado con las pandillas la reducción de la violencia y de estar minando la separación de poderes.

EE.UU. condena el fallo que permite la reelección del presidente salvadoreño

La decisión de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de avalar la reelección presidencial inmediata de Bukele no ha sentado nada bien en Estados Unidos. Y así lo manifestó la encargada de negocios estadounidense en El Salvador, Jean Manes, que advirtió que es «una muestra» de una «democracia en declive» en el país, lo que «daña» la relación con Estados Unidos, según informa Europa Press.

«Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución salvadoreña que establece que no está permitida», ha subrayado Manes en Twitter mientras manifestó el rechazo del Gobierno de Estados Unidos a la medida que abre la puerta a que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, pueda ser reelegido. También considera que el reciente fallo es el «resultado directo» de la decisión del 1 de mayo de la Asamblea Legislativa salvadoreña, aliada de Bukele, de «remover inconstitucionalmente a los magistrados en funciones de la Sala de lo Constitucional e instalar reemplazos leales al Órgano Ejecutivo». «Esto demuestra una estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso clave al poder ejecutivo», añadió para recordar que «un principio fundamental de la democracia son los tres poderes del Gobierno».