La Audiencia Nacional solicita interrogar a Mike Pompeo por un presunto plan para matar a Julian Assange

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha cursado una comisión rogatoria a Estados Unidos solicitando que le permita interrogar como testigo al exsecretario de Estado Mike Pompeo y al ex jefe de contravigilancia William Evanina sobre la presunta existencia de un plan para secuestrar y matar al fundador de Wikileaks Julian Assange.

Así consta en una providencia del pasado miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 accedía a ampliar una comisión rogatoria anterior para interesar la testifical de Evanina y Pompeo, este último en calidad de ex director de la CIA, cargo que ocupó entre enero del 2017 y abril del 2018, momento en el que pasó a ser el jefe de la diplomacia estadounidense, todo ello bajo el Gobierno de Donald Trump.

Pedraz accede así a la solicitud formulada por los abogados de Assange en España en sendos escritos donde planteaban tomarles declaración después de que Evanina confesara que «la Inteligencia de Estados Unidos tenía acceso a las cámaras de la Embajada de Ecuador en Londres, a grabaciones de conversaciones dentro de la misión, a los dispositivos de las visitas y a los documentos de viaje de todos ellos, habiendo llegado a planear incluso el asesinato o el secuestro del asilado».

Cabe recordar que Assange estuvo recluido casi siete años en la Embajada ecuatoriana en Reino Unido. El Gobierno de Rafael Correa le dio en el 2012 el asilo político ante el temor a que fuera extraditado a Estados Unidos, si bien en el 2019 el Ejecutivo de Lenín Moreno le retiró la protección internacional y fue detenido por las autoridades británicas por saltarse las condiciones de su libertad condicional.

Assange alegó que necesitaba el asilo político ante la expectativa de que sufriera algún tipo de represalia en Estados Unidos por las revelaciones que hizo en el 2010 Wikileaks sobre las guerras de Irak y Afganistán, que sacaron a la luz miles de documentos clasificados.

En su último escrito, del pasado 17 de mayo, y al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, los abogados de Assange explicaban que las declaraciones realizadas por Evanina señalaban a UC Global, «una mercantil con sede social en España, y sobre la que nuestro país tiene jurisdicción», «como parte de la trama» descrita por el otrora jefe de la contrainteligencia estadounidense.

«Son conocedores directos»

Por eso, entendían que Evanina y Pompeo debían ser interrogados por Pedraz como testigos porque, «aunque por su presunta participación en los hechos, podría considerarse la cualidad de ser como investigados, ello no es posible al ser un posible delito cometido por extranjero en país extranjero y carecer de jurisdicción» España.

En cualquier caso, reivindicaban, «su testimonio es necesario para la instrucción de esta causa, y todo ello por haber quedado acreditado que son conocedores directos, y así lo han confesado públicamente, de los hechos que rodean al objeto de investigación» de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.

El tribunal español investiga el supuesto espionaje que UC Global, dirigida por el español David Morales, habría facilitado contra Assange al ser la encargada de la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres cuando habrían tenido lugar los hechos. Tanto Morales (quien se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares) como UC Global están siendo investigados por delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, cohecho y blanqueo de capitales.