Marc Robinson, fiscal jefe del Reino Unido: «Extraditar a Julian Assange fue difícil, había muchas presiones políticas»

Fue su amistad con Román García Varela, cuyo padre da nombre a las Jornadas Jurídicas que se celebran este fin de semana, la que lo trajo por primera vez en su vida hasta Sarria. «Coincidí con él en Madrid, cuando ambos trabajábamos allí, y creamos una gran amistad. Me llamó en enero para invitarme a este homenaje a su padre y acepté, aunque me costó decidirme porque no dominaba demasiado la materia que se trata este año». Así resume —en un perfecto castellano— su llegada a Sarria Marc Robinson (Winchester, Reino Unido), fiscal jefe del servicio de Extradición del Reino Unido.

—Nunca había estado en Sarria, pero, ¿conocía Galicia?

—Por temas de trabajo, había estado en Santiago y A Coruña, en ambos casos dando charlas. Por ocio, en Vigo, dando un paseo en barco con un amigo que se propuso navegar desde Inglaterra hasta Mallorca. Entonces conocí las maravillosas Islas Cíes.

—¿A Sarria viene por ocio también?

—Diría que sí. Es un gran orgullo poder participar en este evento y me lo he pasado muy bien, así que no lo considero trabajo. Además, voy a aprovechar mi estancia aquí para hacer el Camino de Santiago. Me lo recomendaron mi amigo Román y el alcalde de Sarria, así que lo empiezo hoy mismo.

—España sí la conocía bien. Vivió siete años en Madrid, trabajando como enlace de la Fiscalía británica con la Justicia española. ¿Cómo fue esa época?

—Fue una gran experiencia. Esos años me dediqué a gestionar la colaboración entre el Reino Unido y España en materia de extradiciones. Al año, casi 50 personas eran requeridas por un país u otro, entre ellos, por temas tan graves como asesinatos o fraudes fiscales.

—¿Había mucha presión?

—Sí. Sobre todo, porque siempre existe ese riesgo de dañar la reputación del Estado al que representas. Yo hablaba en nombre de todos los británicos, así que no podía fallar. En nuestro equipo siempre valoramos mucho este detalle, que acaba teniendo consecuencias a nivel político. Mi misión era facilitar la colaboración entre estos dos países y pasar desapercibido.

—Ahora tiene un puesto de más responsabilidad todavía. ¿Cómo fue regresar a su país para ser fiscal jefe?

—Cuando volví de Madrid, en el 2019, me sentía preparado para presentarme a este cargo. Tuve la oportunidad y me lancé. Es cierto que hay mas ojos puestos en mí, porque es una sección muy delicada, pero tengo la confianza suficiente como para estar seguro de mis decisiones.

—¿Qué asuntos tratan en una actualidad tan revuelta como la que vivimos ahora?

—Estamos muy pendientes de una situación excepcional que está ocurriendo últimamente en Polonia. Una sentencia judicial hizo que dudásemos si este Estado tenía derecho a reclamar a varios ciudadanos que estaban en terreno británico. Estuvimos bastante tiempo estudiándolo, asesorándonos en abogados especialistas en sus leyes, y al final resolvimos que sí se podían llevar a cabo estas extradiciones. Estos casos son un modelo típico con el que trabajamos habitualmente.

—Su caso más mediático, sin embargo, sigue siendo la extradición del activista Julian Assange a los Estados Unidos, apoyada por ustedes hace solo unos meses. ¿Cómo fue tomar una decisión de este calado?

—Este caso llevaba casi diez años abierto cuando yo llegué al puesto. Recuerdo estar en España cuando estalló, y pensar: «Qué horrible sería llevar ese asunto», y mira. Finalmente, me tocó. Es complicado porque es un macrocaso, con muchas partes implicadas. Fue complicado, porque parecía un caso en el que se debatía la libertad de expresión mundial. Estados Unidos lo requirió por revelación de secretos, porque consideraban que había puesto las vidas de mucha gente en peligro. Cuando nos llega un caso así, nuestra misión es analizarlo y resolver si esta petición de extradición cumple las medidas legales pertinentes.

—Ustedes no valoran si es culpable o no.

—Para nada. Solamente tenemos que comprobar de que hay garantías de que tendrá un juicio justo en el país que lo reclama y que no se vulnerarán sus derechos. Mucha gente dio su visto bueno, y nosotros resolvimos que se debía proceder a su extradición.

—¿Hubo presiones políticas?

—Era un asunto que tenía muchas consecuencias políticas, eso es evidente. Los Estados Unidos llamaban preguntando por este caso, claro que había una presión política. La relación entre ellos y el Reino Unido es muy estrecha, pero nosotros nos ceñimos a informar a los de arriba de cómo estamos llevando el caso, con transparencia. No es que llamasen Joe Biden o Boris Johnson, pero los gobiernos sí que se interesaron por el caso.

—¿Cómo les afecta el uso de las nuevas tecnologías, tema principal de las Jornadas Jurídicas de Sarria de este año?

—Nosotros nos enfrentamos a casos de delitos graves, muchos cometidos utilizando el Internet. Yo no sabía mucho de este ámbito, así que me ha venido bien prepararme mi conferencia para aprender sobre el peligro de la ciberdelincuencia.

—¿Qué diferencias ve entre el sistema judicial británico y el español?

—En España, el gran problema es la lentitud de la Justicia. En Reino Unido también pasa, pero no a este nivel. Allí, tenemos un plazo de 182 días para llevar a un investigado a juicio y, aunque puede haber prórrogas, solemos cumplir. Y todo, teniendo en cuenta que allí los delitos graves nunca prescriben, por lo que no tendríamos por qué tener prisa. En España es alarmante la duración de algunos procesos judiciales. Hay demasiado papeleo. En Reino Unido es todo más personalizado, más directo.