Cristina Fernández, tras ser condenada a seis años de cárcel por corrupción: «Me quieren presa o muerta»

La Justicia argentina condenó este martes a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público por haber incurrido en un delito de administración fraudulenta de fondos públicos. 

 «Me quieren presa o muerta», dijo la también ex presidenta, al conocer el veredicto del Tribunal Oral Federal 2, después de que la Fiscalía hubiese pedido el doble de la pena, pero los jueces la absolvieron del cargo de asociación ilícita.

Cristina Kirchner no irá, en cualquier caso, a la cárcel de forma inmediata, ya que está protegida por fueros especiales, debido a su cargo como vicepresidenta. Perdería esos privilegios en diciembre del 2023, cuando acaba su mandato, pero es probable que vuelva a presentarse al puesto o bien a ocupar un asiento en el Senado, algo que probablemente conseguiría, debido a que mantiene el apoyo decidido de entre un 20 % y un 25 % de los argentinos, a pesar de contar, al mismo tiempo, con un fuerte rechazo.

 «No voy a ser candidata a nada. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Esto es lo que querían. Me van a poder meter presa después del 10 de diciembre (del 2023) eso sí, siempre y cuando a algún empresario no se le ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes de ese día me peguen un tiro», señaló la vicepresidenta, recordando el fallido atentado contra su vida del pasado 1 de septiembre,en una exposición en la que acusó a los jueces de haberse coludido con empresarios y medios, a los que considera un «estado paralelo» para armar el caso en su contra.«Condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo», añadió. Ahora iniciará un largo camino de apelaciones, hasta llegar al Tribunal Supremo, proceso que probablemente se dilatará años.

La vicepresidenta argentina, que gobernó al país anteriormente, entre el 2007 y el 2015, se ha declarado, en numerosas ocasiones, víctima de una persecución judicial, habiendo tildado al tribunal que la procesó ayer como un «pelotón de fusilamiento».

El caso Vialidad por el que Kirchner ha sido condenada, investigaba las irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a empresas de Lázaro Báez, un exempleado bancario que se hizo súbitamente multimillonario gracias a esos contratos -operó durante años exclusivamente con el Estado- y que ya había sido condenado previamente por el blanqueo de unos 60 millones de dólares.

La Fiscalía señalaba a la vicepresidenta de haber sido la cabecilla de una asociación ilícita, junto a otras 12 personas, que habría desviado unos 1.000 millones de euros a través de esas concesiones de obras viales en la provincia austral de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo, entre el 2003 y el 2015, cuando Cristina y su marido, fallecido en 2010, Néstor Kirchner, fueron presidentes. 

El patrimonio del empresario Báez aumentó un 12.000 % y el de su empresa un 46.000 % durante esos años. La actual vicepresidenta admitió en una entrevista al diario Folha de Sao Paulo, publicada esta semana, que Báez era amigo de Néstor, pero negó que fuesen socios. Unos días antes había acusado a los fiscales del caso, Diego Luciani y Sergio Mola, de haber «inventado hechos, ocultado otros, tergiversar y mentir».

Kirchner expuso, además, la semana pasada, en redes sociales, un documento de 20 puntos en los que expuso las supuestas «mentiras» de la acusación, negando que ella o Néstor hubieran asignado de manera ilegal o arbitraria contratos públicos, saltándose los criterios técnicos, y desmintiendo que hubiera sobrecostes, subrayando, al mismo tiempo, que la fiscalía no había pedido un estudio pericial sobre los mismos. 

Centenares de personas se habían reunido frente al Senado, donde Kirchner, desde su oficina, escuchó el veredicto, y también en las calles aledañas a la sede judicial. «Esto es un mamarracho jurídico», señaló el diputado Oscar Parrilli. «En algún momento se va a revertir porque la historia les va a pasar por arriba», añadió, en declaraciones a una emisora local.

 El fallo es un golpe al oficialismo argentino, que ha perdido apoyo en los sondeos debido también a la complicada situación financiera de un país donde la inflación superará un 100 % en el 2022. 

El gobernante Frente de Todos está dividido, las comunicación entre Kirchner y el presidente Alberto Fernández está rota, y la sigla se encuentra a una distancia de dos dígitos de la coalición macrista Juntos por el Cambio en las encuestas de cara a las presidenciales del 2023.