Los delitos del ex primer ministro luso Sócrates podrían prescribir antes de que se celebre el juicio

Fue detenido en noviembre de 2014 en el aeropuerto de Lisboa, pasó once meses en una prisión de Évora y, a continuación, a arresto domiciliario. Se trata del ex primer ministro portugués José Sócrates, encausado en el marco de la operación Marquês en la que se investigan más de 20 millones de euros reunidos por un amigo de la infancia del político, que presuntamente actuó de custodio del dinero. En octubre del 2017, la Fiscalía lusa acusó a Sócrates de haber recibido 34 millones de euros en comisiones y sobornos de diferentes empresas y entidades bancarias a cambio de contratos públicos.

En abril del 2021, el juez Ivo Rosa redujo los casos a seis delitos de falsificación y blanqueamiento. Desde entonces, una particularidad legal impide que se pueda llevar a cabo el juicio, mientras el tiempo corre y el actual juez al mando, Pedro Correia, ya avisa de que los delitos de falsificación empezarán a prescribir el año que viene.

Se debe a una ley aprobada por el Parlamento en agosto del 2021, según la cual todos los jueces del caso deben ser elegidos por sorteo, y no solo el titular. Sin embargo, la norma no fue reglamentada por el Gobierno en el plazo estipulado y no se llegaron a definir los criterios del sorteo, según explica una de las redactoras del texto. Así, la defensa de Sócrates logró posponer en numerosas ocasiones el juicio, reclamando una formación incorrecta del tribunal. Ahora mismo el proceso está bloqueado, sin un plazo más concreto que «cuanto antes» para que se revise la definición de estos criterios.

Mientras tanto, Sócrates pasó al ataque en lo que parece el inicio de un nuevo caso: este viernes, anunció una denuncia contra la Fiscalía por violar el secreto de justicia y contra la Caixa Geral de Depósitos por denuncia calumniosa. Igual que había hecho con la operación Marquês, la entidad bancaria, en la que el ex primer ministro tiene sus cuentas, emitió una reciente alerta por transferencias abultadas.

Se trata de sumas de 12.500 euros mensuales desde el 2020, que el expolítico luso atribuye a un contrato de presidente de consejo consultor estratégico con una empresa luxemburguesa. Esta, sin actividad, página web ni contactos, tramita los pagos desde otra empresa informática española en concurso de acreedores. Ambas tienen en común a un mismo empresario portugués, según averiguó la cadena SIC Noticias.

De ahí que, considerándolo una persona políticamente expuesta, la Caixa Geral de Depósitos procediera a cumplir su obligación de emitir una alarma por posible blanqueo de capitales. José Sócrates justificó que estas cuestiones atañen a su vida privada y se escuda en que ya no pertenece al ámbito público. De momento, la Fiscalía no niega ni confirma el inicio de un nuevo proceso al margen de la estancada operación Marquês.