Lula da Silva pierde a su único ministro militar por su posible vinculación con el asalto golpista

Primera crisis de Gobierno en el tercer mandato de Lula da Silva. El ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) de la presidencia brasileña, el general Marco Gonçalves Dias, renunció a su cargo después de la publicación en los medios de una serie de vídeos en los que, según la oposición, no hizo lo suficiente para detener a los radicales bolsonaristas que asaltaron el palacio de Planalto en la intentona golpista del pasado 8 de enero. La dimisión complica aún más la relación de Lula con las Fuerzas Armadas, ya que Gonçalves era el único militar en su Gobierno, después de un protagonismo mucho mayor durante el mandato de Jair Bolsonaro.

La situación podría tensarse más si se tiene en cuenta que el líder izquierdista prepara una ley que dificultará el acceso de militares en activo a altos cargos públicos y a puestos de elección popular —será debatida en el Congreso— y que ya ha destituido a importantes miembros de las Fuerzas Armadas, como el comandante del Ejército, Julio César de Arruda, que fue cesado apenas dos semanas después del 8 de enero.

«Coloqué mi cargo a disposición del presidente de la República para que se lleve adelante toda la investigación», señaló Gonçalves a la cadena Globo tras presentar su renuncia el miércoles. En declaraciones a Globonews, dijo que había presentado su dimisión para no desgastar más al Gobierno. «Salió por cuenta propia», anunció este jueves Lula, negando que Gonçalves fuera presionado para dejar el Ejecutivo.

En las polémicas imágenes, difundidas por CNN Brasil, se ve al general, que había accedido a su cargo una semana antes, circulando por los pasillos del palacio de Planalto e interactuando con los seguidores de Bolsonaro, e incluso abriéndoles una puerta, aparentemente indicándoles la salida. Además, los vídeos muestran cómo miembros de su equipo del GSI charlan con los manifestantes e incluso les ofrecen botellas de agua.

Gonçalves niega haber sido complaciente con los radicales y asegura que su labor fue impedir que entrasen en el despacho presidencial, y que los estaba dirigiendo al segundo piso del edificio, donde serían arrestados.

La publicación de los vídeos ha propiciado que la oposición conservadora, liderada por el bolsonarismo, haya vuelto a hacer circular la versión, no demostrada, de que el Gobierno de Lula permitió la entrada de los radicales en las sedes de los tres poderes.

El equipo del presidente se había opuesto, durante semanas, a formar una comisión de investigación parlamentaria sobre los hechos del 8 de enero, sabedor de que dicho organismo daría pábulo a esas versiones.

La publicación de los vídeos parece haber hecho cambiar de parecer a la coalición multicolor de Gobierno, que  este jueves ya se inclinó por organizar dicha comisión de investigación. Alexandre Padilha, secretario de relaciones institucionales de Brasil, dijo que la comisión acabaría con las teorías opositoras, que calificó de «terraplanistas» para culpar al Gobierno, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal por los actos golpistas.

El juez del Supremo que investiga los hechos del 8 de enero, Alexandre de Moraes, pidió a la policía federal que interrogase de urgencia a Gonçalves, y además le preguntó al mismo cuerpo policial si había entregado todo el material disponible sobre los asaltos a las tres sedes de poder de Brasil, como el juez había pedido, ya que, aparentemente, se enteró de la existencia de los nuevos vídeos por la prensa.