El máximo tribunal de la ONU exige a Netanyahu que cese su asedio a Rafah

«Israel debe detener inmediatamente su ofensiva en Rafah» son ocho palabras que han saltado de país en país, de mandatario en mandatario, y llevan meses resonando en la comunidad internacional. Pero el viernes fue la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU, la que les dio una nueva dimensión y amplificó su alcance.

Las pronunció su presidente, Nawaf Salam, después de una semana pensando qué hacer. Sudáfrica, que ya había conseguido que el organismo emitiese medidas cautelares para evitar un «genocidio», pidió a los magistrados que las revisasen en vista de la situación en Rafah: una de las ciudades más meridionales de la Franja que llegó a acoger a un millón y medio de desplazados palestinos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) los fueron echando, uno a uno, de sus hogares, peinando Gaza de norte a sur. Hasta que prácticamente todos acabaron allí, en Rafah, pegados a la frontera con Egipto —cerrada—, bajo la amenaza del hambre, el frío, las enfermedades... y las bombas.

Hace dos semanas, el 11 de mayo, las FDI entraron en la ciudad. Tomaron el cruce fronterizo, bloquearon la entrada de ayuda y empezaron a avanzar: primero llegaron a los barrios del este y ahora se mueven hacia el centro y el oeste. Casi un millón de palestinos han tenido que hacerse de nuevo a los caminos, sin más que ropa raída y un par de bolsas con lo poco que les queda, de vuelta al norte del enclave.

Nueva orden de emergencia

Para Salam, el presidente de la CIJ, Tel Aviv ha cruzado una línea. Dijo que las medidas provisionales impuestas en marzo ya no son suficientes para la situación actual. Se cumplen las condiciones para dictar una nueva orden de emergencia. Así que, sobre las medidas que ya había establecido —evitar actos genocidas y facilitar la llegada de ayuda a Gaza—, añadió el cese de las operaciones militares, algo que hasta ahora nunca había planteado.

Hamás agradeció el fallo, pero lo consideró insuficiente. «La agresión de la ocupación sionista [Israel] no solo es contra Rafah —dijo Basem Naim, un alto mando del movimiento—. Los ataques en toda la Franja, especialmente en el norte, son igualmente brutales y peligrosos». Nasim también urgió a los jueces a implementar cuanto antes su exigencia con medidas prácticas que obliguen al «enemigo» a cumplir las órdenes.

Pero Tel Aviv no está por la labor. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, enseguida comentó que pedir el fin de la guerra contra Hamás equivale a pedirle a Israel que deje de existir: «No estamos de acuerdo con eso». Incluso Yair Lapid, el líder de la oposición en el país, se posicionó en contra del tribunal. Calificó como «un desastre moral» que los magistrados exijan a Israel frenar la invasión, pero no ordenen a Hamás liberar a los rehenes que todavía siguen en la Franja.

El Gobierno de Netanyahu ha desestimado repetidamente las acusaciones de genocidio y ha ignorado las medidas exigidas por la CIJ. De hecho, aunque los fallos del tribunal son definitivos y vinculantes, no tiene poderes de ejecución y ha sido ignorado por otros países en el pasado.

Benny Gantz, ministro del gabinete de guerra israelí, sacó pecho: «Continuaremos nuestra guerra, justa y necesaria». Poco antes, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sintetizó la disyuntiva que afrontan los Veintisiete: «Tendremos que elegir entre apoyar a las instituciones internacionales del Estado de derecho o apoyar a Israel».