Maduro da un giro hacia la mano dura cambiando casi la mitad de su gabinete

Cuando se cumple un mes de las elecciones venezolanas, la oposición y el chavismo vuelven a llenar las calles para celebrar dos victorias. Una moral, la de Edmundo González, y otra práctica, la de un Nicolás Maduro atrincherado en el poder con el apoyo de la cúpula de las Fuerzas Armadas, que por tercera vez en un mes reiteró su «absoluta lealtad y subordinación» al mandatario.

Maduro parece haber comprendido que la radicalización es su única salida y modificó el gabinete en consecuencia. Designó a Diosdado Cabello, máximo exponente del ala dura del chavismo, como ministro del Interior y de Justicia para que traiga «paz» al país. Y dejó el poder económico a Delcy Rodríguez, estandarte del ala diplomática, nombrándola ministra de Petróleo «para que siga con el timón».

González, por su parte, faltó este martes por segundo día a la citación que le impuso el Ministerio Público (manejado por el chavista Tarek William Saab) por haber cometido cinco presuntos delitos. Crece el temor a que sea detenido, obligado a exiliarse o a pasar a la clandestinidad, como ya ha hecho su valedora política, María Corina Machado.

Negociación y presión

Mientras el mandatario se atrinchera, la oposición parece reconocer que solo puede romper el estancamiento —el «empate catastrófico», como algunos analistas lo califican, cada vez menos— con una combinación de presión externa e interna y una oferta de negociación.

Tanto Corina Machado como González y otros líderes opositores, entre ellos Henrique Capriles, han llamado a Maduro a «negociar una transición ordenada». Algo a lo que él sigue negándose rotundamente. «¿Qué tenemos que hacer? Buscar que la negociación se pueda dar. Esta situación es insostenible», señaló este martes Capriles.

Y para sostener lo insostenible, Maduro buscaba manos en otros países, como Cuba y Nicaragua. Convocó una cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) en la que el líder nicaragüense, Daniel Ortega, insultó a Lula da Silva y Gustavo Petro, presidentes de Brasil y Colombia, y ahondó la brecha en la izquierda democrática latinoamericana.

El juego no ha terminado

Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (Cepyg) de la Universidad Católica Andrés Bello —e hijo de ourensanos—, señaló que «más allá de lo que uno quisiera, por el momento no podemos cantar victoria. Tampoco podemos decir que el proceso ha terminado sin una transición; creo que afortunadamente no es así».

«No es una sorpresa para nadie [lo que está pasando] —agregó—. Era un poco lo que esperábamos: que la oposición ganase las elecciones y que el Gobierno se negase a reconocer el resultado». La posibilidad de que se produzca una transición democrática será «la mezcla de presión interna y presión diplomática y económica internacional», consideró.

Alarcón explicó que la presión diplomática está alcanzando su tope. Ahora probablemente empezará a escalar de manera más significativa la presión económica, que se va a traducir en sanciones personales, en un primer momento, y luego podrían ser sectoriales. «En el peor de los escenarios, si el Gobierno se mantiene, lo que cabe esperar es una autocratización más intensa, con un nivel importante de represión. Básicamente estaríamos frente un Gobierno que va a depender muchísimo de su capacidad represiva».

«Y en el mejor de los escenarios, de darse una transición política como todos quisiéramos, va a ser un proceso con un inicio muy difícil, porque las instituciones van a seguir estando a favor del Gobierno al menos hasta el 2025, cuando haya elecciones de gobernadores y Asamblea Nacional», señaló el politólogo.