El chavismo arresta a dos españoles y perpetúa su tira y afloja con Madrid

El Gobierno de Nicolás Maduro sigue tensando la cuerda en la crisis diplomática con España. Este sábado, después de varios amagos con rebajar el tono, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció la detención de dos ciudadanos españoles «vinculados al Centro Nacional de Inteligencia [CNI]». En un enrevesado relato, el máximo exponente del ala dura del chavismo explicó que ambos, igual que otros dos estadounidenses y un checo, estaban implicados en una trama conspirativa contra el régimen. Intentaban «desestabilizar» el país y «generar violencia», dijo.

La maniobra echa por tierra los esfuerzos del Gobierno de Pedro Sánchez para deshacer el nudo con la nación petrolera. Un nudo que se empezó a formar el miércoles, cuando el Congreso aprobó una resolución para reconocer al opositor Edmundo González como presidente de Venezuela, y que se consolidó el jueves cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, se refirió al chavismo como una «dictadura».

Como consecuencia, la embajadora venezolana en Madrid ya no está en Madrid. El viernes cruzó el Atlántico en avión después de ser llamada a consultas, igual que fue citado el representante español en Caracas para una reprimenda. Pero ni esa reprimenda fue tan dura, ni el calificativo de Robles parecía haber traído consecuencias tan devastadoras como algunos predecían.

Un falso apretón de manos

A primera hora del sábado, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, se reunió con el director de negocios de Repsol en el país, Luis Antonio García Sánchez, como si nada hubiese pasado. Ambos discutieron en Caracas posibles «alianzas estratégicas» para estrechar lazos «con empresas que, como Repsol, confían e invierten en la primera reserva petrolera del mundo».

Con esas palabras, Rodríguez arrojó un aparente vaso de agua fría sobre las brasas que habían dejado las declaraciones de su hermano algunos días atrás. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana (Parlamento), había llamado a romper relaciones diplomáticas con España después de que la polémica moción en el Congreso —impulsada por el Partido Popular— saliese adelante. También el ministro de Exteriores del país, Yván Gil, fue prudente en su cita con el embajador español, Ramón Santos. Le advirtió de que la nación petrolera «no permitirá» la «injerencia» del Gobierno de Sánchez en asuntos internos del país, pero no anunció medidas prácticas.

Todo se quedó en un amago. Cabello anunció la detención de José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, dos ciudadanos vascos, a la vez que recordaba el «ataque de odio de la ministra de Defensa española [Robles, a quien vinculó directamente con el CNI] durante la presentación de un libro». Aseguró que ambos arrestados trabajaban para el organismo de inteligencia, aunque el Gobierno, sus familias y ellos mismos lo niegan, y explicó que pretendían llevar a Venezuela «un grupo de mercenarios» para asesinar a Maduro y a otros altos cargos del Gobierno.

Empieza a confirmarse, por tanto, la idea de que esta crisis no es más que un pulso de Maduro con España. Un tira y afloja con el que el mandatario está probando al Gobierno de Sánchez para ver hasta qué punto cederá y así usarlo como escudo frente a posibles sanciones de la UE.

Un mensaje para EE.UU.

En el mismo operativo policial fronterizo, comunicó Cabello, fueron incautadas más de 400 armas «transportadas desde Estados Unidos». El ministro exigió al Gobierno estadounidense —al que acusa de colaborar estrechamente con el CNI— que aclare lo ocurrido. Precisamente Washington es el protagonista de la otra gran crisis de Caracas, además de la española, después de que anunciase sanciones contra 16 funcionarios venezolanos.

Este sábado, un día después de haber desautorizado abiertamente a la Administración de Joe Biden, Maduro le sacó la lengua organizando una ceremonia para condecorar a cuatro militares que, casualmente, figuran en la última lista de sancionados.

El fin de la persecución a Edmundo González

La defensa de Edmundo González ha dicho que está a la espera de una reunión con las autoridades judiciales de Venezuela para cerrar el caso contra el líder antichavista, exiliado en España desde el fin de semana pasado. Ese domingo, el fiscal general caraqueño, Tarek William Saab, declaró que «ocurrió el capítulo final» de una obra con «sangre, sudor y lágrimas». Quienes aún no han llegado a su capítulo final son los —al menos— 58 menores de entre 14 y 17 años que siguen detenidos por las autoridades Venezolanas después de las protestas contra Maduro, según la oenegé Foro Penal.

Gamarra pide al Gobierno que se sume a defender la democracia en Venezuela

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al Gobierno de España que «haga lo mismo que Margarita Robles [la ministra de Defensa] y diga alto y claro que ahora Venezuela tiene una dictadura y Maduro es un dictador». Antes de participar en un acto del PP de Logroño, la dirigente insistió en que Sánchez debe respaldar el acuerdo adoptado en el Congreso de los Diputados para reconocer a Edmundo González como presidente electo del país. Además, recordó que la semana que viene su partido llevará al Senado una resolución casi idéntica.

Las declaraciones de Robles han causado malestar en el Partido Socialista. Varias fuentes del Ejecutivo aseguraron a El País que la ministra «ha complicado todo». Cuando el jueves tachó al chavismo de «dictadura», le dio a Nicolás Maduro la excusa perfecta para llamar a consultas a su embajadora en Madrid, y además de brindarle al PP «una baza absurda para criticar al Gobierno». La ministra ha vuelto a «ir por libre», dicen, y con ello ha perjudicado una estrategia que venía muy medida desde la Moncloa y Exteriores.