Le Pen intenta convertir el juicio en su contra por presunta financiación ilegal en un proceso político

Vestida de negro, con paso lento pero firme, la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen avanzó al estrado de los acusados del tribunal que la juzga por presunta malversación de fondos del Parlamento Europeo y que amenaza su cuarta candidatura al Elíseo, que ella quiere convertir en un proceso político. Minutos antes de la apertura de la vista, que durante casi dos meses va a atraer la mirada mediática al Tribunal Correccional de París, Le Pen aseguró este lunes afrontar con calma la acusación que podría suponerle una condena de diez años de prisión, un millón de euros de multa y hasta una década de inhabilitación.

«Tenemos un montón de argumentos para defender lo que creo que es la libertad parlamentaria, que es lo que se discute en este asunto», avanzó la líder de la extrema derecha, que dijo estar «serena» y confiada en la justicia de su país. En la primera jornada del juicio, aseguró a la presidenta del tribunal que responderá «a todas las preguntas que el tribunal quiera plantear».

En una conversación posterior con periodistas, sin cámaras ni micrófonos, precisó que acudirá tanto como pueda al proceso, aunque el martes faltará para asistir al discurso de política general del nuevo primer ministro, Michel Barnier, al que cuenta con dar la réplica. La líder ultraderechista está acusada, junto a otras 24 personas, de haber utilizado a los asistentes parlamentarios pagados con dinero de la Eurcocámara para trabajos del partido, lo que está prohibido por las normas de Bruselas y Estrasburgo.

El Elíseo, a su alcance

Le Pen, a quien los sondeos otorgan opciones de victoria en las presidenciales del 2027, lleva años convirtiendo al partido antisistema que heredó de su padre en una formación de Estado, lo que le ha dado ingentes réditos electorales, convirtiéndolo en el más votado en las pasadas legislativas. Por eso no va a torpedear en el juicio los cimientos del Estado de derecho, aunque sí pretende desacreditar una acusación que considera que persigue frenar su ascenso al poder.

«La acusación se sustenta con calzador», dijo a los periodistas, mientras el diputado Alexander Varault, designado como portavoz para este caso, denunció lo que considera «un proceso a un partido político lanzado por motivos políticos», en particular por «el ascenso inexorable» de la extrema derecha en las elecciones.

En su línea de defensa, los abogados de Le Pen buscan proteger lo que llaman la «libertad parlamentaria» que, según ellos, otorga discrecionalidad para el empleo de sus asistentes parlamentarios y critican este juicio por ser una intromisión del poder judicial en el legislativo. Es la misma defensa en la que se apoyarán otros de los acusados, como el ex número dos del partido, Bruno Gollnish.