Meloni dará la batalla a los jueces para salvar los centros de deportación de Albania
Internacional
El Gobierno de Roma pretende blindar la lista de «países seguros» para repatriar a los extranjeros que lleguen ilegalmente al territorio italiano
20 Oct 2024. Actualizado a las 05:00 h.
El Gobierno italiano no tira la toalla y va a tratar de salvar el «modelo Albania», la medida estrella de Giorgia Meloni para intentar frenar la inmigración ilegal. Un día después de que el Tribunal de Roma ordenara que fueran trasladados al país transalpino los 12 primeros migrantes de Egipto y Bangladés que habían sido recluidos en los centros de internamiento construidos en el país balcánico, el Ejecutivo estudia cómo conseguir que siga adelante un controvertido proyecto que ha costado más de 800 millones de euros.
En el pulso que se ha abierto entre el poder judicial y el Ejecutivo por esta cuestión, podría ser determinante el consejo de ministros que la mandataria ha convocado para el lunes. En esa reunión se espera que apruebe un decreto ley u otra normativa similar para reforzar la autoridad de su gabinete a la hora de determinar cuáles son las naciones seguras a las que es posible hacer repatriaciones de inmigrantes que se encuentran en situación irregular.
«No hay países seguros»
Este fue el argumento utilizado por los magistrados de la sección encargada de las cuestiones migratorias del Tribunal de Roma que tumbaron este viernes el «modelo Albania»: Bangladés y Egipto, las naciones de origen de los 12 migrantes devueltos ayer a Italia, no pueden ser consideradas seguras, por lo que estas personas corrían peligro en caso de ser deportadas. Los jueces seguían de este modo la línea marcada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 4 de octubre.
«Lo que dicen es que no hay países seguros. El problema no está en Albania, sino en que nadie podrá ser ya repatriado. El problema es que no puedes echar a la gente ni puedes hacer ninguna política de defensa de tus fronteras», se quejó Giorgia Meloni, que aseguró que sufre «la oposición de una parte de las instituciones».
Para el ministro de Justicia, Carlo Nordio, el problema estriba en que la magistratura ha «superado sus propios poderes atribuyéndose prerrogativas que no pueden ser la de definir cuáles son los Estados seguros».