Los ambulantes amenazan con acudir a la fiscalía si hay ilegales en las ferias

La Asociación de Vendedores Ambulantes y Autónomos de Galicia (AGAA) quiere saber si todos los puestos en las ferias son legales. Y si no lo son, o actúan los ayuntamientos -que son los que gestionan los mercadillos- y evitan esas situaciones, o denunciarán ante el fiscal. Así de claro se muestra el colectivo que preside Francisco Romero Alvite, que ha comenzado por llevar a la fiscalía al regidor de Vigo, Abel Caballero. Y amenaza con hacerlo con más si la gestión no es la correcta.

El primer paso ha sido dirigirse a los ayuntamientos de Ourense, O Carballiño y O Barco, de un grupo de 52 en toda Galicia, para pedirles un informe de la Policía Local contestando a dos preguntas sobre sus ferias: cuántos puestos se instalan y cuántos tienen la licencia municipal a la vista. De momento o no han tenido una respuesta completa o simplemente no les han respondido.

Monforte está en el punto de mira de la asociación desde el año 2012, cundo advirtió al Ayuntamiento por escrito de la «gravísima situación xurídica» a la que se enfrentaba por la ausencia de un reglamento municipal de venta ambulante. Los grupos municipales mantuvieron varias reuniones para perfilar una ordenanza, ante el vacío legal existente en el mercadillo del Parque dos Condes. El alcalde, sin embargo, no aventura fechas sobre su entrada en vigor.

En Ourense, el informe recibido por AGAA señala que hay 192 puestos autorizados, y que en la feria que se inspeccionó, exhiben la licencia más del 90% y que esperaban llegar al 100% en próximos mercadillos. «Estamos esperando aínda que se cumpra algo obrigatorio desde 2010, que é ter a autorización municipal á vista», defiende Romero, que además rechaza el informe de esta ciudad «porque pedimos datos efectivos, non estatísticas». Destaca, además, que solo reclaman «información necesaria para defender ao noso colectivo» ante el intrusismo. Entienden que si los puestos no lucen la licencia municipal es porque no la tienen. «O que se quere conseguir é que a presión fiscal sexa igual para todos; que todos paguemos impostos», defiende.

En O Carballiño, la petición de información sigue sin respuesta seis meses después. Tirando de ironía, Romero alude a que «debe ser que teñen o ordenador derramado». Señala que reclamaron los datos en octubre y que todavía no han tenido contestación

En un primer momento la AGAA solo pidió los datos a estos dos ayuntamientos, por ser los de mayor población, pero finalmente decidieron también reclamarlos a O Barco. En este caso, señalan, por el papel institucional del regidor como presidente de la Fegamp. Además, han pedido a la subdelegación del Gobierno que elabore un informe propio sobre los mercadillos, con agentes de la Policía Nacional o la Guardia Civil, en los tres municipios citados. «Contestáronnos que as feiras son cousas do concello, e iso xa o sabíamos; pero queremos un segundo informe para contrastar, porque nós non podemos ir por todas as feiras», defiende Romero.

La campaña de AGAA es mucho más activa en la provincia de Pontevedra, donde hay enfrentamientos por la colocación de los puestos. «Estamos centrados sobre todo en Pontevedra, porque é unha guerra moi dura; pero ao tempo vemos que o problema estase ampliando... E moitas veces é por falta de interese dos alcaldes», argumenta el presidente de la asociación de vendedores ambulantes. Creen que la solución pasaría porque la Xunta elaborase una ordenanza autonómica de venta ambulante.

Desde septiembre

La asociación de ambulantes de Galicia ha llevado al alcalde de O Barco ante la Valedora do Pobo. Y lo ha hecho porque la información que le ha enviado no está completa, y apelando a la ley de transparencia. En el caso de Monforte, la solicitud de datos esta sin contestar desde el pasado mes de septiembre. Elegir llevar el caso de O Barco a la Valedora, y no los demás, se debe en parte al papel institucional que ostenta el alcalde, Alfredo García, puesto que es también el presidente de la Fegamp.