Fomento se niega a pagar los terrenos para comunicar la ronda con la N-120

La ronda urbana de Monforte seguirá sin completarse durante un tiempo prudente. Ni el convenio suscrito en el año 1995 -y renovado en el 2009- ni el proyecto al que debían ajustarse las obras tienen validez alguna a estas alturas. Fomento no deja lugar a dudas en su respuesta a una pregunta de la diputada por Lugo del grupo socialista en el Congreso Margarita Pérez Herráez. El pago de las expropiaciones sigue siendo, al menos aparentemente, la razón de que la variante no se prolongue hasta la N-120 desde la calle Ourense.

La caducidad del convenio y del posterior proyecto ya había sido avanzada al alcalde por el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, en una reunión celebrada en octubre del pasado año. Pero entonces quedó la puerta abierta a un posible pago de las ocupaciones con cargo al presupuesto estatal.

La respuesta de Fomento a la diputada socialista pone en entredicho esta última posibilidad. «El impulso de la actuación debería estar condicionado a que el Ayuntamiento de Monforte de Lemos cumpliese su compromiso de obtener los terrenos necesarios para la ejecución de las obras», señala el ministerio.

El primer convenio fue suscrito en la etapa de Celestino Torres en la alcaldía. El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente se comprometía entonces a realizar las obras entre la calle Ourense y la N-120 en el plazo de tres años. La contrapartida municipal era la puesta a disposición de los terrenos, algo que no llegó a llevarse a la práctica. En el año 2006, con Severino Rodríguez al frente del gobierno local, se negoció una nueva fórmula de pago de las expropiaciones, en la que además del Ayuntamiento y Fomento entraría en juego la Xunta de Galicia. Pero esta financiación a tres bandas no llegó a cuajar.

Poco más de un kilómetro

Los cambios que se produjeron desde la firma del primer convenio, según indica Fomento, no solo obligan a revisar por completo los términos del acuerdo, sino que invalidan a su vez el proyecto que fue redactado en su día. El ministerio calcula que la prolongación de la ronda urbana desde la calle Ourense hasta la N-120, a la altura del polígono industrial de O Reboredo, tendría un coste aproximado de ocho millones de euros.

Esa cantidad no incluye el coste de las expropiaciones precisas para completar la variante, un aspecto sobre el que pasa de puntillas el ministerio en su respuesta a la diputada del PSOE. En el anterior mandato, una estimación municipal situaba el coste de las ocupaciones de terrenos en alrededor de 600.000 euros.

El tramo que completaría las dos fases de la ronda urbana financiadas por la Xunta tiene una longitud aproximada de 1,2 kilómetros y su ejecución haría precisa la construcción de un nuevo puente sobre el Cabe a la altura de A Pinguela.

El puente sobre el Cabe tendrá que ser rediseñado tras la protección ambiental del río

En vista del tiempo transcurrido desde la firma del convenio, la Subdirección General de Conservación y Explotación se dirigió en el 2009 a la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia para que procediese «a la modificación de la orden de estudio y la actualización del proyecto aprobado». Entre la firma del acuerdo con el Ayuntamiento se habían producido cambios sustanciales que afectaban a la ejecución de las obras. El más importante fue la declaración del cauce del Cabe como Lugar de Interés Comunitario (LIC), que de entrada obligaría a la redacción de una nuevo estudio de impacto ambiental.

Fomento explica en su contestación a la diputada socialista que el diseño del puente sobre el Cabe que figuraba en el proyecto inicial quedó invalidado con la declaración de LIC. «El viaducto sobre el río Cabe se debe rediseñar de tal forma que su longitud total alcance los 180 metros, con un vano central de sesenta metros, para respetar el LIC y su llanura e inundación», detalla el ministerio en su respuesta.

Fuera del presupuesto

Tras el requerimiento que recibió de la subdirección general, la Demarcación de Carreteras del Estado comprobó que el proyecto para completar la ronda urbana de Monforte incumplía toda la nueva normativa de carácter técnico y administrativo para la obra pública que había entrado en vigor en el año 2003. En los presupuestos estatales del 2010, y por vez primera desde la firma del convenio, desapareció cualquier rastro la financiación para ese tramo de la variante.