La sentencia de Escor abre otro frente judicial entre Tomé y el Partido Popular

Tampoco parece que vaya a haber unanimidad entre el gobierno local y la oposición en el litigio que enfrenta al Ayuntamiento y a la empresa Escor, la que se encargaba de la recogida de basuras en Monforte antes de que llegase FCC. Como ocurre en el largo contencioso con Aqualia, la concesionaria del servicio de suministro de agua, hay discrepancias por la estrategia a seguir. Al menos con el segmento de la oposición al que representa el Partido Popular, que advierte que Escor tiene judicialmente todas las de ganar y que prolongar el litigio solo conseguirá engordar la factura que finalmente tendrá que pagar el Ayuntamiento.

La decisión de recurrir la ratificó la corporación en el atípico pleno de esta semana, en el que solo participaron los seis representantes del PSOE porque los once de la oposición se marcharon en protesta por la negativa municipal a que hablasen los representantes de la asociación local en defensa de los animales. El alcalde pidió al pleno autorización para presentar un recurso contra esa sentencia y a falta de más concejales que los suyos consiguió un sí por respuesta.

Pagar más aún en intereses

No se sabe qué habría pasado de estar los diecisiete concejales, pero ayer el PP dejó claro que ellos no están por la labor de alargar este procedimiento judicial, que parte de una reclamación presentada por la empresa en el 2014, en la última etapa de Severino Rodríguez en la alcaldía. «O equipo de goberno arríscase a seguir xerando gastos por intereses por non pagar as facturas de Escor nin querer negociar coa empresa», argumenta Julia Rodríguez. A esta concejala le parece que la presentación de un recurso no probablemente no sirva más que para «que todos os monfortinos teñan que pagar unha contía aínda maior que pola que agora condenan ao Concello».

A la portavoz del PP le parece que tratar de mantener vivo el litigio supone «una temeridade», porque esta sentencia está bien fundamentada. Los jueces, añade Julia Rodríguez, «argumentan perfectamente a condena, a inexistencia de prescrición e incluso a existencia dunha condena anterior na que houbo que aboar intereses e gastos bancarios nunha reclamación idéntica a esta».