El plan especial dirá si procede tirar casas adosadas a la muralla
Lemos
Todas las que ocupan el lienzo de la antigua fortaleza permanecen deshabitadas
28 Apr 2018. Actualizado a las 05:00 h.
El plan especial de protección de Monforte, ahora en fase de revisión de alegaciones, será el que determine las medidas que deben aplicarse con las viviendas adosadas a la muralla del conjunto monumental de San Vicente. Los técnicos deberán incluir en el documento definitivo, según señala el alcalde, la solución que consideren más adecuada para estas edificaciones, deshabitadas actualmente en su totalidad. La salida podría ser su compra paulatina, bien de forma negociada o mediante la fórmula de la expropiación. Pero el gobierno municipal prefiere esquivar la cuestión hasta conocer el planteamiento del equipo redactor del plan del casco histórico.
Las únicas actuaciones en esta dirección se produjeron en la etapa de Celestino Torres al frente de la alcaldía, concretamente en el año 1986. Bajo su mandato, el Ayuntamiento adquirió varias edificaciones adosadas a la muralla en la calle Santo Domingo y la Porta Nova que fueron demolidas con posterioridad. Más recientemente, en el 2008, el entonces alcalde Severino Rodríguez puso sobre la mesa la posibilidad de dar continuidad a esa iniciativa. Pero la compra de nuevas viviendas quedó supeditada a las conclusiones del plan director de la muralla que había encargado en aquella época la Consellería de Cultura.
De ese plan director supervisado por Alonso Montero -arquitecto responsable del proyecto de pintado de la fachada sur de la iglesia de San Vicente do Pino- nada se supo hasta hace un par de años, cuando trascendió a raíz de los debates sobre la recuperación de la muralla que promovió en el Parlamento el exdiputado socialista Vicente Docasar. El documento encargado por la Xunta aboga con claridad por la supresión de los inmuebles que se levantaron sobre la antigua fortaleza monfortina. Y pone el foco de forma especial en las que se encuentran situadas en las inmediaciones de la puerta de la Alcazaba o de Pescaderías.
Una de estas edificaciones, en avanzado estado de ruina, plantea un problema de difícil solución a medio plazo. Los intentos de rehabilitarla por parte de su propietaria tropiezan con las trabas de Patrimonio, que exige que la remodelación respete tantas divisiones como números tiene asignados la casa. Al ser cuatro, tendrían que respetarse cuatro edificaciones diferentes de dos metros de fachada. Pese al riesgo de desplome, la intervención municipal está supeditada a lo que determine el plan especial, cuya aprobación difícilmente será factible antes de dos años.
La herencia del doctor López Suárez facilitó en 1986 la compra de varios inmuebles
El estudio histórico que incluye el plan director de la Xunta sitúa en el siglo XIX la aparición de las primeras voces críticas con la destrucción de la muralla de Monforte. Desprovista de la finalidad defensiva con el que había sido levantada, comenzó a ser objeto de sucesivos expolios. La Casa de Alba, en su calidad de heredera de los bienes de los condes de Lemos, llevó a los tribunales en el año 1812 la sustracción de piedra de la antigua fortaleza para usos particulares, según recoge ese trabajo de investigación.
Las viviendas levantadas sobre la muralla con las que se hizo el Ayuntamiento para su derribo fueron adquiridas en el año 1986 con aportaciones de la Xunta y de la herencia del médico y filántropo Juan López Suárez. Su albacea testamentario entregó al Ayuntamiento con ese fin dos millones de las antiguas pesetas. Las compras se hicieron de forma negociada y costaron 4.150.000 pesetas. Con el desembolso de esa cantidad pasaron a ser de titularidad pública los números 10, 18, 20, 22 y 24 de la calle Santo Domingo y un inmueble anexo a la Porta Nova.
Lo menos costoso
El desplome de un tramo de la muralla que se produjo en el año 2001 en la calle Santo Domingo motivó que los técnicos de la Consellería de Cultura cuestionasen la conveniencia de liberar el lienzo de la fortaleza de las viviendas que se levantaron sobre ella. Otros expertos consideran, sin embargo, que la Xunta abogó por el criterio «menos costoso económicamente» cuando se pronunció en ese sentido.