La urbanización entre Rof Codina y Cobas encalla en el reparto de costes

La intención declarada del alcalde, José Tomé, es que la urbanización de los terrenos situados en el entorno de la guardería municipal, con la que sería posible dar salida a la calle Rof Codina, pueda ofrecer señales de vida antes de que concluya el presente mandato. El inicio de las obras en el horizonte del 2022 dependerá, no obstante, de la disposición de los propietarios afectados para participar en el ambicioso proyecto presentado por el Ayuntamiento. Tomé quiere sondear su receptividad en una reunión que, si no surgen contratiempos, debería celebrarse en los próximos días.

El encuentro iba a tener lugar el pasado miércoles, pero el confinamiento del alcalde lo impidió. La última PCR a la que se sometió Tomé dio negativo y este lunes se sometió a una segunda prueba. Si todo va bien podrá retomar su agenda, en la que tiene un lugar preferente la reunión con los propietarios de los terrenos situados en la zona C del planeamiento. Según pudo confirmar este diario, los titulares de las fincas que reúnen la mayor parte de la superficie preparan alegaciones al proyecto.

Aunque fue calificada como urbanizable hace veinte años nunca se consolidó como tal. Eso significa, a efectos prácticos, que en la margen contraria al Parque dos Condes existen más de 20.000 metros en los que no se puede construir y una céntrica calle que carecen de salida. Los beneficios del proyecto que dio a conocer Tomé están claros: se podrá edificar en terrenos que ahora invaden las zarzas y que pasarán a contar con una amplia zona verde. El problema, como suele ser habitual, radica en el precio de esta transformación. Un coste que además deberá ser compartido por los propietarios de los terrenos que se verán beneficiados.

El Ayuntamiento, promotor

La fórmula de la que se va a echar mano para dar salida a la calle Rod Codina y urbanizar el entorno de la guardería municipal es el denominado sistema de cooperación. La administración local se convierte en promotora de las obras, pero los titulares de las parcelas entran en el reparto de gastos por los beneficios que les reportan. «O sistema de cooperación previsto na lei, permite aos concellos promover a urbanización dos terreos, repartindo cargas e beneficios entre os propietarios, sempre que así o desexen», precisa al respecto el Ayuntamiento.

«Nós esperamos que os actuais propietarios cooperen co Concello, e se non estivesen dispostos porque non lles interesa, será o Concello quen leve a cabo este proxecto en solitario, ou en cooperación cos propietarios que queiran ou poidan», dijo el alcalde en la presentación del proyecto.

El plan B del Ayuntamiento en caso de desacuerdo entre los propietarios, siempre dentro de la fórmula legal del mecanismo de cooperación, sería urbanizar la zona C con fondos propios «abonándolle aos propietarios o valor dos terreos antes de ser urbanizados». Este suelo pasaría a ser de titularidad pública «ata o valor do custe da urbanización». El importe de las obras se divide entre la superficie afectada. Si resulta suelo sobrante en alguna parcela después de cubrir la parte correspondiente del presupuesto, esos metros le serían devueltos al propietario con la urbanización acabada.

La ley lo establece así porque la administración promotora puede cubrir gastos, pero nunca obtener beneficios mediante la aplicación de ese sistema. Otra cosa es la cantidad de metros que le puedan quedar, una vez hechas las cuentas, a los propietarios que se nieguen a participar en la cooperación. Tomé avanzó en su momento que el coste estimado de las obras ronda el millón de euros. Concretamente, el cálculo es de 1.023.698 euros. El ámbito de la actuación es de 21.090 metros, por lo que la aportación estimada por metro cuadrado -a cambio de que una parte pase a ser edificable- ascendería a 48,5 euros.

Casuísticas muy dispares

Las parcelas afectadas son doce pero las herencias elevan a 73 el número de propietarios implicados en la urbanización. El reparto de costes parece es el principal escollo. Las casuísticas en el área C, donde hay dos fincas que acaparan en torno al 70% de la superficie, son muy dispares. Para los dueños de las traseras de la calle Ourense la urbanización parece ventajosa, ya que pasarán a tener solares edificables en una de las márgenes de la prolongación de Rof Codina.

Los dueños de las fincas de mayor tamaño, situadas en el entorno de la guardería y en la antigua fábrica de curtidos, también dispondrán de solares edificables, pero a cambio tendrán que ceder una importante cantidad de suelo para la nueva zona verde que discurrirá pegada a esa ribera del Cabe.

La fórmula de cooperación, un sistema con pocos precedentes en Galicia

El alcalde de Monforte, José Tomé, aludió al carácter «pionero» del proyecto de la zona C por el recurso a la fórmula de compensación. Pese a que está contemplada por la Lei do Solo, es un sistema sin apenas precedentes en Galicia. Tomé entiende que el esfuerzo de sacar adelante esta urbanización merece la pena. «Imos cambiar a fisionomía da cidade, mellorando a trama urbana e poñemos en valor, unha zona da cidade moi preto do monumento do Colexio do Cardeal», dijo en la presentación del proyecto de reparcelación, redactado por Monsa Urbanismo.

La iniciativa que desveló Tomé el pasado mes de noviembre salió a relucir también en la etapa del Bloque al frente del gobierno municipal. El entonces alcalde, Severino Rodríguez, pretendía que fuese un promotor privado el que ejecutase la urbanización previo acuerdo con los propietarios. El Ayuntamiento se comprometía a acondicionar los espacios verdes y a mediar para que ambas partes pudiesen llegar a un acuerdo. No lo hubo, sin embargo. En julio del 2006, se descartaba la viabilidad del plan por las pretensiones de alguno de los titulares de las fincas.