El alcalde de Boqueixón, libre bajo fianza de 10.000 euros tras declarar dos horas por la operación Pokemon

Más de 50 personas se encuentran involucradas en la trama de las presuntas adjudicaciones irregulares que investiga la jueza lucense Pilar de Lara en el marco de la operación Pokémon. A los trece detenidos habrá que sumar algunos arrestos más que podrían producirse en los próximos días y también una lista de imputados que superaría la treintena de personas, según señalaron algunas fuentes vinculadas con la investigación. Ayer ya declararon tres de los trece detenidos, y dos quedaron libres. Son Adolfo Gacio, alcalde de Boqueixón, y Román Otero, funcionario del Ayuntamiento de Santiago. El tercero, Alberto Quintana, seguía declarando en la madrugada del sábado.

El grueso de la investigación se está realizando tras los registros y detenciones de las últimas horas. Y todavía queda mucho terreno por recorrer, sobre todo porque en las inspecciones fue encontrada documentación comprometedora. La gran cantidad de registros llevados a cabo dejan entrever la magnitud de la trama. Solo fuera de Galicia se hicieron más de veinte. La mayoría están relacionados con empresas del Grupo Vendex, adjudicatario de aparcamientos del sistema ORA.

Pero la investigación no pasa únicamente por los contratos de los aparcamientos a empresas conectadas entre sí y relacionadas con integrantes de la presunta trama. Hay una parte clave, que son los contratos efectuados desde la Confederación Hidrográfica Miño-Sil durante el mandato del exconcejal socialista lucense Francisco Fernández Liñares, ahora detenido. La documentación que se llevaron los investigadores de la sede ourensana del organismo será revisada minuciosamente.

Una decena de empresas

Durante su mandato, en Lugo fueron adjudicadas numerosas obras. Además, los investigadores se detienen en el estudio de una decena de empresas que están relacionadas entre sí y detrás de las cuales estarían algunos de los ahora detenidos. Estas firmas lograron contratos en diversos puntos de Galicia. Dichas adjudicaciones pudieron ser obtenidas a cambio de entregas de dinero y en algunos casos con el regalo de un reloj de oro.

La jueza Pilar de Lara, después de una jornada maratoniana, comenzó a tomar declaraciones a los detenidos ayer por la tarde. Sobre las tres y media llegó a los juzgados lucenses y anunció que las declaraciones comenzarían sobre las cinco y media. El primero en ser trasladado al juzgado fue Román Otero, funcionario del Ayuntamiento de Santiago, quien llegó, sin esposar, poco antes de las cuatro de la tarde. Pilar de Lara no empezó a tomarle declaración hasta las seis y media. Fue puesto en libertad hora y media más tarde.

Después llegaron Alberto Quintana, responsable de Sermasa en Santiago -que se encarga del servicio de ayuda en el hogar en el Concello de Boqueixón-, y Adolfo Gacio, alcalde popular de Boqueixón. Ambos comparecieron esposados.

El alcalde fue el segundo en prestar declaración. Minutos antes, su abogado, Julio Lois, se quejaba de las formas que se están siguiendo en este procedimiento. Lamentaba que no había podido comunicarse con su defendido en ningún momento, pues estaba incomunicado y que ni siquiera pudieron ver los autos. Gacio fue detenido el jueves por la mañana en el Concello que preside y pasó esa noche y toda la mañana en las dependencias centrales del Cuerpo Nacional de Policía en A Coruña. También familiares de varios detenidos se quejaron de esa incomunicación y de la falta de información.

Gacio llegó a las cinco de la tarde al juzgado de Lugo, trasladado por los investigadores en un coche sin distintivos oficiales. Fue llevado ante la jueza alrededor de las ocho de la tarde y terminó con su declaración dos horas y media después. Cuando salió de los juzgados eran las once y cuarto de la noche. Su abogado explicó que la jueza lo dejó en libertad bajo fianza de 10.000 euros, y que le habían concedido un plazo de 72 horas para depositar el dinero.

El letrado no quiso contar ningún detalle del sumario, alegando que estaba declarado secreto y que no podía dar ninguna información. Simplemente explicó que al alcalde le imputaban un presunto delito de prevaricación, otro de cohecho y dos delitos menores relacionados con los anteriores, pero que no quiso explicar. Fue toda la información que aportó sobre el caso. Luego, el abogado dijo que su cliente había declarado durante dos horas y media ante la jueza, y que se encontraba cansado pero tranquilo. Eran las once y media de la noche cuando abandonaron las inmediaciones del edificio de los juzagdos tras su breve comparecencia ante la prensa.

Declaración de madrugada

A esa hora se esperaba que comenzase a declarar ante la jueza Pilar de Lara el último de los detenidos trasladado ayer a Lugo. Alberto Quintana Vilarelle es el responsable en Santiago de la empresa Sermasa, la que presta el servicio de asistencia domiciliaria en el Concello de Boqueixón. Se preveía que la declaración de Quintana acabase ya bien entrada la madrugada. Todo el edificio de los juzgados de Lugo permanecía anoche apagado, excepto las luces de las oficinas del Juzgado de Instrucción número 1.

Para la mañana de hoy se espera que la jueza tome declaración al alcalde de Ourense y también al exconcejal lucense Francisco Fernández Liñares, que siguen detenidos.