La red de explotación de empleadas del hogar extranjeras en Lugo suma doce nuevas víctimas

La causa judicial que investiga una presunta red de explotación laboral de mujeres extranjeras que trabajaban como empleadas del hogar en casas de Lugo añade a su larga lista de denunciantes a doce nuevas víctimas. Todas declararon a lo largo de esta semana ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo, encargado de este procedimiento. La magistrada investiga las condiciones laborales en las que las dueñas de una empresa de Castroverde tenían a estas mujeres. Los primeros indicios de la investigación apuntan a que estas empleadas, todas ellas sudamericanas, trabajaban sin la documentación en regla y en unas condiciones cercanas a la esclavitud. 

La investigación, que partió de la Comandancia de la Guardia Civil de la ciudad amurallada, empezó con registros domiciliarios en el año 2020. Los cinco investigados permanecen en libertad, aunque dos de ellos, la máxima responsable de la empresa de empleadas del hogar y su hija, fueron arrestadas el pasado mes de mayo. El número total de afectadas en Lugo y sus alrededores supera ya las 80 mujeres.

La empresa de las investigadas ofrecía «las empleadas del hogar más baratas de Galicia»

El perfil de las mujeres que declararon esta semana en los juzgados de Lugo es similar al de sus decenas de compañeras que ya pasaron por allí durante los últimos meses. Son mujeres extranjeras, sobre todo de Colombia, Nicaragua, Honduras o Venezuela. Llegaban a España reclamadas por personal de esta empresa, con más de dos décadas de actividad en Lugo y que ofrecía «las empleadas del hogar más baratas de Galicia», según una persona que contrató sus servicios sin saber lo que escondían. 

Una vez estaban internas en las viviendas de las personas mayores a las que debían cuidar, sus condiciones eran infrahumanas. Trabajaban a destajo durante toda la semana, sin casi descansos para ir al baño o dormir, y con un sueldo de menos de 500 euros al mes. Si pedían un día libre, les restaban 100 euros a su salario. Varias de ellas han declarado ya a La Voz que las llegaron a apuntar con armas de caza o que las jefas de la empresa investigada las amenazaban con deportarlas si no se «portaban bien».

Aunque las familias de los ancianos pagaban unos mil euros al mes, las internas solo cobraban 400. Unas pocas estaban aseguradas por horas y tenían algún tipo de contrato, pero la mayoría carecían de papeles, cobraban en negro y en mano. Las encargadas de la empresa las instaban a mentir si les preguntaban sobre su situación en España para no ser descubiertas.

Las familias que contrataban los servicios podían beneficiarse de subvenciones de la Xunta, con las que pagaban a la empresa de Castroverde. Una de las novedades más recientes del caso es que la jueza ha accedido a investigar a las encargadas de la empresa por un presunto delito de malversación de fondos públicos, ya que se beneficiaban de estas ayudas sin tener una relación contractual y laboral dentro de la ley con todas estas empleadas. 

Nuevas víctimas trabajaban en pisos de la ciudad, no en el rural

Además, varias de estas doce nuevas víctimas estaban internas en pisos de la ciudad de Lugo, algo que los investigadores no habían visto en casi ninguno de los casos anteriores. Normalmente, las mujeres estaban trabajando en casas unifamiliares, junto a personas de avanzada edad, en zonas rurales de la provincia. 

En la investigación, abierta por la supuesta contratación, de forma reiterada, de ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo, están imputadas una madre y su hija, propietarias de la empresa de Castroverde, pero hay otros tres investigados que colaboraban también en la captación de internas, entre los que se encuentran empresarios de la provincia de Lugo. El proceso continúa abierto y no se descarta la aparición de nuevas denunciantes próximamente.