Así fue la investigación a las empleadas de la residencia municipal de Sarria

El concejal cesado de Sarria, Benjamín Escontrela, realizó nueve contratos durante dos meses del 2019 para que un detective privado investigase a ocho empleadas de la residencia de mayores. Este hecho inédito en el Concello de Sarria provocó las quejas y la petición de explicaciones del resto de la corporación municipal y varios sindicatos, tanto por la contratación como por la falta de documentos que la justifican. Mientras Escontrela todavía no se pronunció sobre los hechos, InvestigaMás, la empresa que ejecutó el servicio asegura que son «muy frecuentes» los acuerdos con Ayuntamientos y explica que se trata de investigaciones laborales que no intervienen en la vida privada de las empleadas. «No espiamos a nadie».

En plena carrera electoral, fue el alcalde sarriano, Claudio Garrido, el que sacó a la luz la contratación del detective privado realizada por su excompañero de gobierno hace tres años. Garrido y el ahora concejal responsable de la residencia, Félix Seijas, contabilizaron nueve contratos para investigar a ocho empleadas por un importe total de 17.887,50 euros.

Según estos dos miembros de Camiña Sarria, las contrataciones contaban con un reparo de intervención «por diversas irregularidades», que fue levantado en su día por Escontrela. Una vez hecho el servicio, y hasta el día de hoy, el concejal no adjuntó los informes elaborados por el detective, ya que no aparecen entre la documentación entregada en la residencia. Estos documentos son los que justificarían la contratación. 

¿Cómo se trabaja en estos casos?

La empresa InvestigaMás es una compañía a nivel nacional que traslada a alguno de sus empleados al punto geográfico donde se les contrata. Cuentan con la licencia pertinente del Ministerio del Interior. «Cumplimos la más estricta legalidad según la ley 5/2014 de Seguridad Privada», aclaran. Fuentes de la firma asegura que la contratación por parte de Ayuntamientos es «muy frecuente» y en su mayoría se deben a casos de presunto absentismo laboral o bajas presuntamente fingidas. También fue en el caso del servicio requerido por Benjamín Escontrela.

El edil sarriano contrató una investigación laboral de las bajas de algunas trabajadoras. Lo primero para que se materialice este acuerdo, explican desde Investiga Más, es que se identifique al contratante como parte con interés legítimo e interesada, como consta en el contrato. Benjamín Escontrela actuó en nombre propio y como representante del organismo autónomo de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme. 

Una vez está conforme, el detective ya puede iniciar la investigación. En el caso de actuar ante trabajadores de baja laboral, en lo que consiste el trabajo es en observar las costumbres y comportamientos para ratificar que las razones por las que está de baja son reales. Desde InvestigaMás aclaran que no investigan la vida privada ni la intimidad de estas personas, ni las controlan ni las espían. En algunas ocasiones, tienen contacto con los investigados y les realizan una entrevista si fuera necesario. Además, destacan que actúan de manera proporcional y moderada. 

Cada persona investigada es un caso diferente, aunque pertenezcan al mismo trabajo, por eso se realiza un contrato para cada una. Aunque el cómputo del servicio adjudicado por Escontrela fueron más de 17.000 euros, tuvieron precios diferentes. Alguno, por ejemplo, fue de una duración tres días por un coste de 2.783 euros. 

Cuando se termina la investigación, los detectives están obligados por ley a realizar un informe que recoja su trabajo y, también por ley, entregárselo solo a la persona legitimada. De hecho, la única excepción sería tener que entregárselo a autoridades judiciales o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. «La profesión está detalladamente regulada para preservar los derechos fundamentales de los investigados. Se hace siempre y cuando haya un interés legítimo», aclaran en la empresa. 

En este caso, la persona legitimada es Benjamín Escontrela, por lo que es el concejal quien debería tener la documentación de los servicios, que todavía no incluyó en el registro municipal. Además, al menos en alguno de los contratos, el edil también solicitó posterior ratificación judicial. El Concello convocó para el próximo lunes la junta rectora de la residencia para que el edil aclare la ausencia de los informes.