Perú mantiene la bonanza, pero más lenta

La economía de Perú se ha convertido en una de las más sólidas y dinámicas de América Latina. El país sudamericano, quinto en PIB nominal de la región, ha basado su desarrollo, a prueba de bombas políticas (sus últimos cuatro presidentes tienen procesos abiertos por corrupción), en el control y la estabilidad fiscal.

Lejos quedan los años 80 y los primeros 90, en los que los peruanos asistieron a un brutal desplome financiero, con unas cifras de hiperinflación que superaron el 7.600 %. El país introdujo severos cambios económicos después de aquel desastre, buscando con ahínco el equilibrio macroeconómico.

La Constitución en vigor impone en la actualidad, por ejemplo, la estabilidad de precios. Los objetivos de inflación se sitúan entre el 1 y el 3 % anual, metas que se están cumpliendo a rajatabla. La Carta Magna prohíbe también al Gobierno dar créditos, lo que contribuye a controlar los precios.

Otro sustento fundamental de las finanzas del país sudamericano, según los expertos, es la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aprobada en el 2006, que impide que el déficit sea mayor al 1 % del PIB. También prevé que los excedentes, de haberlos, sean añadidos a las reservas del país. El tipo de cambio, además, se ha ido apreciando por el ingreso de capitales y un saldo comercial positivo, con lo que la deuda se ha mantenido baja.

Todo ello ha propiciado un avance económico sostenido a lo largo de los últimos lustros. El país llegó a crecer a una media del 6,3 % anual entre el 2002 y el 2012, un período considerado como la «época dorada» por los economistas. La renta per cápita se duplicó entonces hasta superar los 6.600 dólares, mientras que la pobreza se reducía a la mitad. En el año 2004, sin ir más lejos, afectaba al 59 % de la población del país.

Los cimientos se han mantenido fuertes a pesar de los escándalos de corrupción política. Un dato llama la atención en este sentido: todos los líderes de la época dorada han sido acusados de graves actos de corrupción. El ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) está actualmente en busca y captura internacional por haber aceptado supuestamente un soborno millonario de la constructora brasileña Odebrecht. Su sucesor, Alan García (2006-2011), ha sido acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que Ollanta Humala (2011-2016) salió esta semana de prisión preventiva, pero sigue abierto el caso contra él por lavado en detrimento del Estado y asociación para delinquir.

Para completar la terna, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) dimitió en marzo pasado tras ser relacionado con sobornos de Odebrecht, algo que él niega. Su renuncia, en cualquier caso, no afectó a la bolsa, ni al precio del dólar, ni a la calificación crediticia de Perú. La agencia Fitch mantuvo su BBB+, loando las cuentas fiscales y externas del país. No es oro, sin embargo, todo lo que reluce. El crecimiento del país se ha ralentizado en los últimos años debido al descenso en el precio de los metales, dado que la minería es fundamental para la evolución del PIB. Con todo, en el 2017, avanzó un nada despreciable 2,5 %.

Así las cosas, los expertos critican que los líderes peruanos han echado por tierra la oportunidad de diversificar la economía durante la década de oro, y ahora se están viendo las consecuencias. La pobreza aumentó en el 2017 por primera vez en este milenio, según una encuesta oficial. Subió un punto porcentual, desde el 20,7 hasta el 21,7 % de la población.

El problema del empleo

El principal problema, según los expertos, es que el crecimiento se basa en el sector primario, con escasa capacidad de crear nuevos empleos. Las ramas no primarias pasan por más problemas. El aumento de la pobreza, por ende, fue mayor en la ciudad que en el campo. Son problemas a los que tendrá que buscar solución el nuevo presidente, Martín Vizcarra, quien hoy busca consenso en un parlamento dividido.