Las plataformas digitales urgen una reforma legal acorde al cambio social

Tienen la potencia de un Ferrari. Su motor: la Red. Las plataformas digitales que abarcan desde el transporte al alojamiento turístico, la restauración o la enseñanza, han llegado a España con el objetivo de quedarse pese a los obstáculos con los que se han ido topando a lo largo de los últimos años. Su presencia ha puesto en guardia a sectores tradicionales como el del taxi o el de los hoteles, que reclaman al Gobierno normativas que pongan freno a lo que ellos entienden como una «competencia desleal». Pero abogados y expertos en economía digital no lo ven de ese modo. Creen que hay que saber aprovechar las oportunidades que ofrecen porque su llegada forma parte de un cambio de modelo al que hay que ir adaptándose poco a poco para alcanzar un sano equilibrio dentro de la economía global.

El problema es que las plataformas digitales corren a la velocidad de un Concorde, mientras que las normas para regularlas no llegan ni al ritmo del AVE. La propia Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) se ha pronunciado al respecto. «En España existe una gran disparidad legislativa en esta materia producida por la proliferación de normativas autonómicas y locales heterogéneas. Recomendamos una revisión en profundidad de la normativa», apuntan desde ese organismo.

Y ponen como ejemplo el caso de las viviendas de uso turístico que tanta polémica han generado en los últimos meses en diferentes comunidades: «Hay que revisar, por ejemplo, la regulación actual de estos alojamientos para asegurar que sea necesaria y proporcionada y reducir la actual heterogeneidad de la normativa, de acuerdo con los principios de regulación económica eficiente». El mundo del taxi es otro de los que ha puesto el grito en el cielo llegando a paralizar hace unas semanas el centro de Madrid y Barcelona en una de las mayores huelgas del sector.

En este sentido, el director de la Asociación Española de Economía Digital y portavoz de Sharing España, José Luis Zimmermann, reclama un mercado único digital en Europa. «Es esencial -apunta- porque vivimos en un entorno global en el que la competencia y la facilidad para montar negocios es mucho más real que antes. Hay empresas que vienen de Estados Unidos o de India donde pueden crecer, pero Europa no tiene un mercado que les permita hacerlo del mismo modo. Un caso claro de ese potencial es la española Cabify, que es capaz de competir con un gigante como es Uber. Esta empresa está amparada en la legalidad que le dan las licencias VTC, pero no han dejado de darle palos. Es de locos».

Además, aprovecha para destacar que el modelo que usan las plataformas no es nuevo. «Es una intermediación entre oferta y demanda que se hace más sencilla usando la vía digital. De ahí que les resulte más fácil escalar rápidamente en tamaño», dice.

Pero no todas las plataformas son iguales. Las hay que son de economía colaborativa propiamente dichas como puede ser Blablacar, que ofrece un servicio de intermediación entre ciudadanos que buscan compartir gastos de viaje. Otras, en cambio, ofrecen un servicio bajo demanda como Uber o Cabify. Lo que hacen es poner en contacto al prestador del servicio con el cliente, pero ellas no prestan un servicio subyacente. El último modelo sería el de los portales de economía de acceso, en los que es la plataforma la que presta el servicio. Ante este escenario, dice Zimmermann, «hay que avanzar una regulación que pueda encajar todos los modelos. El problema es que muchos sectores protegidos están argumentando contra esto para que no aparezca esta nueva oferta complementaria. Hay que encajarlo todo, pero en España hay bastantes problemas en el marco normativo».

Lo que tienen claro otros expertos como el socio director de Ecija, especializada en derecho de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones, Alejandro Touriño, es que «no se puede tratar de bloquear este tipo de iniciativas, aunque no todo vale». Su fórmula sería adaptar «la legislación a los cambios que se están produciendo a nivel social, porque las figuras tradicionales del derecho no sirven en muchos casos. Por ejemplo, una persona que tenga una bicicleta y la use para hacer repartos para una plataforma como Deliveroo de manera recurrente sería un trabajador de esta; en cambio, hay otros casos en que solo lo hacen de forma puntual en los que el derecho se ha quedado obsoleto y sin la flexibilidad que se le exige. La legislación ha de cambiar para adaptarse a los nuevos retos jurídicos que se vayan planteando».

Otros estados, en cambio, son más proclives a pisar el acelerador: «Hay países como Estados Unidos y otros de corte anglosajón que adaptan su normativa de manera ágil para favorecer la aparición de nuevos negocios, fomentando la innovación. Lo que nos cuesta aquí en España es adecuar la realidad jurídica a la realidad social. Por desgracia, es más lento el proceso que en otros países. No hay que olvidar que el legislador tiene que estar atento a esas tendencias sociales para buscar una solución, evitando disfuncionalidades en el ámbito fiscal o de rebaja en la calidad del empleo».

La fiscalidad es precisamente una de las bazas con las que juegan los sectores tradicionales para arremeter contra las plataformas digitales. Como miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela César García Novoa observa que en estos momentos «no es que las nuevas plataformas escapen a las leyes fiscales, es que el modelo fiscal actual no está adaptado a la nueva realidad. Hay que adaptarlo».

Además, hace hincapié en la distinción entre «la tributación que corresponde a la plataforma y la que tienen que soportar aquellos que trabajan para ella. Como ejemplo puede hablarse de los conductores de Deliveroo o aquellos particulares que usan sus servicios de intermediación pero no tienen una relación mercantil con ella».

Una de las cuestiones que destaca es que en el caso de las empresas, «el principal problema es que tienen la sede central en otro país. Uber, por ejemplo, tiene su sede para Europa en Holanda y una filial en España que factura servicios a su matriz holandesa».

La cuestión, añade, «es que la legislación actual es antigua y vincula el tener una presencia económica importante a la presencia física. Pero este escenario va a cambiar porque el pasado mes de marzo la UE aprobó lo que en España se conoce como tasa Google que, en realidad, es el impuesto sobre servicios digitales. El objetivo es obligar a estas empresas a tributar allí donde generan beneficios por sus servicios de intermediación. Esta tiene que entrar en vigor en toda Europa antes del 1 de enero de 2020».

En la otra cara de la moneda están las personas que alquilan su vivienda o una habitación en Airbnb. «Hay una consulta de tributos realizada en el 2017 -apunta este catedrático- que explica que en aquellos casos en que solo alquilen han de declararlo en el IRPF como un rendimiento del capital inmobiliario». Otra cosa es que presten servicios complementarios. En ese caso, añade, «han de darse de alta en el epígrafe de actividad económica y pagar el IVA». Y qué ocurre con los conductores de plataformas como Deliveroo, que ha estado tanto en la picota. «Por ser autónomos tributan en IRPF por estimación directa. Pueden deducir los gastos necesarios, pero pocos gastos tienen quienes trabajan con su esfuerzo físico y una bicicleta».

Pero mientras los legisladores se preparan para la carrera abierta por las plataformas digitales hay que mantenerse en la carretera. ¿Cómo? El economista Ricard Pérez Miñana da su receta: «Garantizando la correcta aplicación del actual marco normativo y controlando de modo adecuado a los diferentes actores para intentar que todos jueguen en igualdad de condiciones».