España necesita ingresos: ¿qué hacer con la economía sumergida?

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostiene que España tiene un problema de ingresos. Y no es la única que lo cree. La recaudación fiscal no alcanza para cubrir los gastos del país. Y para cerrar esa brecha -que se traduce en una peligrosa espiral de déficit y deuda para financiarlo-, de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, cuyo borrador remitió el Ejecutivo a Bruselas el pasado lunes, la solución más rápida ha sido la de elevar algunos impuestos y crear otros nuevos. Pero, sin entrar en el debate sobre si es preciso también recortar gastos en lugar de incrementarlos, ¿es la solución para alimentar las arcas públicas dar una nueva vuelta de tuerca a la presión fiscal?

Se multiplican las voces que reclaman poner el foco en sellar las vías de agua por las que se escapa una buena parte de lo que debería recaudarse. «Una de las características de la economía española es la persistencia en el tiempo de un amplio volumen de lo que se conoce como economía sumergida», explica la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en una de sus últimas publicaciones, en la que, además, constata el «problema importante» que supone la «estrecha y expansiva identificación entre fraude fiscal y economía sumergida», así como la falta de consenso internacional respecto a los límites de ambas y sobre su cuantificación.

Sin embargo, pese a las dificultades obvias para cartografiar esta economía oculta, ilegal -o golfa-, y las cifras del fraude tributario que supone, sí hay estimaciones sobre la profundidad del agujero.

Un 22 % del PIB, oculto

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en un reciente informe titulado La economía sumergida alrededor del mundo: ¿Qué hemos aprendido en los últimos 20 años?, analiza la evolución de ese mundo de actividad económica en la sombra y fuera de cualquier control que, por tanto, elude el pago de tributos. El organismo que dirige Christine Lagarde no deja a España en muy buen lugar, ya que sitúa en el 22,01 % del PIB la tasa de nuestra economía sumergida en el 2015, último año que incluye la serie. Tenemos el dudoso honor de triplicar el porcentaje de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, o de duplicar el de Francia.

Y la situación no ha variado significativamente en el tiempo, ya que la serie del FMI, que arranca en 1991, muestra que entonces la tasa era del 27,49 %, es decir, que en casi un cuarto de siglo no se ha rebajado más que en 5,48 puntos. Curiosamente, el registro más bajo se marcó en el 2008, justo antes de la gran recesión, con el 21,53 % del PIB.

El caso es que ese 22 % de actividad oculta que estima el FMI equivaldría a 240.000 millones de euros que escapan al control fiscal y que, de tributar correctamente, acabarían con los perennes números rojos de las cuentas públicas. Así lo prueba un reciente estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), que cifra en el 23 % lo que la Agencia Tributaria deja de recaudar en impuestos por la bolsa de trabajo en negro: casi 70.000 millones de euros que no llegan a las arcas públicas y que contrastan con los menos de 15.000 millones (14.800 concretamente, un 0,6 % menos que en el 2016) ingresados por Hacienda el pasado ejercicio por la lucha contra el fraude.

De hecho, esos casi 70.000 millones que cuantifica Funcas (cerca del 6 % del PIB), prácticamente cubrirían el coste anual de la sanidad pública en el país. No en vano hace un año Lagarde pidió a España que «intensifique» la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal, asegurando que esta última «provoca mayor deuda pública y menos inversión en educación, sanidad y otros servicios públicos. Significa más desigualdad».

«Deme la factura»

¿Dónde está el problema? Para José María Peláez, inspector de Hacienda y presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) entre el 2004 y el 2007, la clave está en la falta de conciencia fiscal, agravada por la ausencia de reproche social que, a su vez, hace que los poderes públicos no sientan presión para adoptar medidas realmente eficaces. «Nadie se avergüenza de presumir en el bar de defraudar a Hacienda porque saben que no hay reproche social o es residual», pone como ejemplo de su argumento.

Que el instalador del aire acondicionado, el pintor, el fontanero, el dentista o el abogado se sorprendan -en el caso de que no se molesten abiertamente- cuando les pides la factura del trabajo realizado es un buen termómetro del país en el que, según el CIS, en el 2016 siete de cada diez españoles creían que hay mucho fraude fiscal pero, sin embargo, no está entre sus principales preocupaciones.

Sí preocupa -y mucho- a los inspectores y a los técnicos de Hacienda, que desde sus respectivas organizaciones (IHE y Gestha) llevan años reclamando nuevas medidas y más personal. «Tenemos más del doble de economía sumergida con la mitad de plantilla para luchar contra ella», apunta José María Mollinedo, secretario general de Gestha, esgrimiendo un informe de OCDE que coloca a España a la cola en cuanto a trabajadores de Hacienda por habitante.

Pero, además de los medios humanos, piden más presupuesto y ambición de la administración. «Los políticos nunca se plantean medidas de inspección a largo plazo, buscan resultados que se puedan vender con rapidez. Y un cambio en el proceder de la inspección, en sus facultades o más personal, no se improvisa. Eso da frutos en tres o cuatro años... y eso es lo que explica que no haya voluntad», añade Peláez.

De incógnito

Los expertos vuelven sus ojos a países vecinos para plantear que el fisco español importe algunas de las fórmulas que se aplican con éxito en otros lugares. «¿Por qué no podemos actuar de incógnito? En EE.UU. es legal. Y aquí lo hace la policía, pero cuando le planteas a los políticos que lo hagamos los inspectores les entra el miedo», explica el expresidente de la IHE.

Otra de las medidas que defiende es, por ejemplo, pagar a confidentes que faciliten la persecución de fraude fiscal. «Se trata de reforzar la investigación tributaria protegiendo al denunciante», añade, recordando que hasta el año 1998, que se cambió la ley, quien denunciaba era considerado parte interesada y se le informaba del resultado de la investigación, además de recibir entre un 10 y un 20 % del importe de la sanción. «Si pudiéramos pagar con fondos reservados a denunciantes y confidentes -en el contrabando se usa- sería eficaz», sostiene Peláez.

Sin embargo, en Gestha no comparten la idoneidad de tal fórmula, «que creó problemas en el pasado». Las «singularidades» para cercar el fraude se multiplican. Mollinedo recuerda que Portugal propuso sortear un coche entre los números de las facturas que se emiten para promover que se pidieran, mientras que Portugal dispone de una Policía Fiscal que controla que los ciudadanos llevan los correspondientes recibos de sus compras, una figura que también se reclama aquí.

Elevar las penas y que entren automáticamente en prisión -ahora no ocurre- quienes cometan un delito fiscal agravado (evasión superior a los 600.000 euros en un año) es otra medida que defienden desde la IHE además de, por supuesto, acabar con los paraísos fiscales.

«El año récord de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude fue el 2015, cuando se recaudaron 15.664 millones. Sin embargo -dice Mollinedo- la cifra equivale al 19,1 % de la evasión, según el informe de Funcas. Es decir, que en un año récord, más del 80 % de no detectó». Y camino de una recaudación tributaria histórica en el 2018 (por encima de 200.000 millones), acabar con el fraude sigue siendo una asignatura pendiente.