Galicia y el «brexit»: efectos sectoriales

La situación de las personas y la cuestión de los derechos de los ciudadanos constituyen dos de los aspectos claves del brexit. De una parte, alrededor de 3,6 millones de ciudadanos europeos están establecidos en el Reino Unido; y, de otra parte, en torno a 1,2 millones de británicos residen en países de la UE. Las negociaciones entre ambas partes han concluido con un acuerdo provisional sobre los derechos de los ciudadanos y sobre el período de transición. La libre circulación se aplicará durante esta transición, del 29 marzo del 2019 al 31 de diciembre del 2020. A partir de entonces, los ciudadanos que hayan residido durante un período de cinco años en el Reino Unido (o en la UE para los británicos) adquieren un derecho de residencia permanente.

Las consecuencias del brexit para el sector agrario están enmarcadas en dos ejes. El primero implica una revisión del presupuesto de la Política Agraria Común dentro del Marco Financiero Plurianual. Bruselas está barajando una reducción del 5 % de la asignación de los créditos de compromiso para los 27 EEMM. El segundo eje tiene relación con el tipo de acuerdo de libre cambio que se suscriba. No cabe duda de que la negociación se encamina hacia la definición de unas nuevas barreras tarifarias. Hay que tener en cuenta que la tasa de autosuficiencia británica está cifrada en el 62 %, lo que induce a tener que importar productos alimentarios provenientes de la UE. De ahí la necesidad de ser vigilantes en la concreción de dichos acuerdos de libre cambio, toda vez que el Reino Unido posee acuerdos con la Commonwealth y EE.UU., pudiendo convertirse en una plataforma de reexpedición de productos procedentes de países terceros hacia territorio comunitario. El futuro acuerdo deberá precisar tales reglas, normas y controles.

Las implicaciones para el sector pesquero están delimitadas por tres factores. El acceso a las aguas; la asignación de las posibilidades de pesca; y los intercambios comerciales. En un principio, el acceso a las aguas, en adelante británicas, podrá extenderse durante el período transitorio. Luego, el Reino Unido recuperaría su soberanía (desde el 1 enero del 2021); y es entonces cuando es preciso redefinir las relaciones entre las partes. Dicha negociación es vital para el futuro de la pesca europea, ya que la UE-27 depende en un 33 % en volumen y en un 25 % en valor de las aguas británicas. La tasa de dependencia llega a ser del 45 % para Bélgica, 40 % para Países Bajos, 39 % para Dinamarca... Y menos del 5 % para España. Un cierre de las aguas británicas a las flotas pesqueras europeas tendría una fuerte incidencia en el mercado y en las rentas. El segundo factor está relacionado con lo expuesto anteriormente. Los Veintisiete deberán proceder a reasignar sus cuotas de pesca en el nuevo escenario; y España debería aprovechar las nuevas condiciones para sustituir ciertas normas discriminatorias para sus flotas, tales como el principio de la estabilidad relativa, aprobado en 1983, cuando España todavía no formaba parte de la UE; o la modificación de la actual división de las áreas de pesca. Es ahí donde convendría establecer las nuevas pautas y asignaciones, en correspondencia con la capacidad de producción; tasa de dependencia; efectos socioeconómicos; y gestión común y sostenible de los stocks. El tercer factor hace referencia al establecimiento de las tasas aduaneras y al suministro de pescado al mercado europeo.

El sector industrial deberá afrontar cuatro grandes desafíos. El primero está relacionado con los procedimientos administrativos y la concepción logística. Nos referimos a las formalidades administrativas que pueden llegar a convertirse en un auténtico cuello de botella y provocar una ralentización de los ritmos de los intercambios. El segundo desafío está vinculado a las tarifas aduaneras. Afecta, sin duda alguna, a la actividad automovilística, en la medida que es demandante de componentes; y estos, al proceder de diferentes países, están sometidos a diferentes tasas aduaneras. Resulta, pues, necesario incluir pautas en el acuerdo final que evite distorsiones y facilite el funcionamiento eficaz de estas actividades. El tercer desafío concierne a las barreras no aduaneras; sobre todo, las de orden reglamentario. Afectan, por lo tanto, a las normas estándar y al reconocimiento mutuo de las mismas. El último desafío es el que atañe a la movilidad de los trabajadores; y, más en concreto, a los especializados. Varias actividades están afectadas por este asunto, por ejemplo, la industria aeronáutica y la farmacéutica requieren de personal cualificado y su demanda genera problemas adicionales.

En referencia al sector financiero, las opciones británicas comienzan a admitir el hecho de que los servicios financieros no formarán parte de un eventual acuerdo de libre cambio. Las consecuencias serían las siguientes: a) pérdida del denominado pasaporte financiero europeo; esto es, el permiso para poder operar en el conjunto del territorio de la Unión Europea; b) la City dejará de ser la plaza financiera de la UE, lo que supondrá el repatriamiento de ciertas actividades financieras desde Londres a otras capitales europeas. Tanto el Eurogroup Consulting como el Institut Bachelier estiman que «el ecosistema financiero británico puede perder entre un 15 y un 25 % de sus rentas, y 200.000 empleos». En dicho contexto, bancos instalados en Londres, como HSBC, UBS, JP Morgan o Goldman Sachs, han hecho saber su predisposición de desplazar sus empleos hacia otras capitales europeas; c) es preciso definir el nuevo papel de la cámara de compensación para permitir los intercambios de los activos, productos derivados, materias primas, etc. En suma, el fin del pasaporte financiero supondrá una redistribución de las cuotas de mercado de las industrias financieras en la medida que la UE está siendo muy clara al respecto, al afirmar que «los servicios financieros no serán parte de la negociación ni forman parte de los acuerdos». Aunque, a fuer de ser sinceros, ello no supondrá una ruptura brutal capaz de desestabilizar el mercado bancario y financiero continental. Sin duda alguna, habrá que concordar un acceso recíproco y de equivalencia entre las empresas de servicios financieros a ambos lados del Canal de la Mancha a fin de que los costes de los servicios financieros y de inversión no comporten costes elevados para los usuarios, mayor competencia desleal y un efecto negativo sobre las políticas monetaria y fiscal.

Abundantes dificultades

Nuestro análisis refleja varios interrogantes. La situación y las reflexiones formuladas no pueden prejuzgar los futuros desarrollos en las próximas semanas (máxime si se cierra la negociación final). Se constatan abundantes dificultades inherentes en la recta final, al igual que son muy diferentes los riegos y los grados de exposición de las diversas actividades y personas. Finalmente, hay que ser conscientes de que existe una gran inquietud a corto y a medio/largo plazo.

A nuestro juicio, la posición británica aparece menos sólida. Oscila desde una interpretación maximalista, los brexiters, producto de una interpretación rígida del referéndum; hasta otra posición negociadora, en base a un acuerdo a la carta (posición defendida por la primera ministra). Fue el Gobierno británico quien ha decidido abandonar el mercado único y dejar el espacio común, donde personas, bienes, servicios y capitales circulan libremente. El Reino Unido conoce bien sus ventajas. Sin embargo, varias propuestas del Ejecutivo de May socavan algunos de los logros de la UE. Los británicos desean mantener la libertad de mercancías, pero no la de personas y servicios, y desean aplicar normas aduaneras de la UE sin estar dentro de su ordenamiento jurídico. Finalmente, quieren recuperar su soberanía absoluta, decisión que no es aceptable en el marco comunitario.

En suma, registramos interrogantes que requieren un análisis continuo y especializado. De ahí que nuestra propuesta sea constituir una célula de seguimiento que detecte las líneas rojas que no deben ser traspasadas por su elevado nivel de incidencia y repercusión; y que sirva para apoyar y proponer argumentos y propuestas de cara a una negociación final favorable.