Las sanciones asfixian al país

Si alguien pensaba que el órdago de Washington contra el Gobierno de Nicolás Maduro era un farol, la Casa Blanca tardó poco en demostrar que el desafío iba en serio. El Ejecutivo de Donald Trump impuso el pasado 28 de enero fuertes sanciones contra el petróleo venezolano, a costa incluso de provocar sobresaltos financieros a las empresas petroleras y refinerías estadounidenses del Golfo de México, que demandaban, hasta ahora, grandes cantidades de hidrocarburos provenientes del país sudamericano.

Washington prohibió que las empresas estadounidenses hagan negocios con la petrolera estatal venezolana, PDVSA, y congeló los activos de esa compañía en EE.UU. Los efectos fueron inmediatos. Cualquiera que quiera hacer negocio con PDVSA debe hacerlo fuera del sistema financiero norteamericano, y eso prácticamente veta la operatividad global de la empresa venezolana, que queda casi aislada del sistema bancario internacional.

En las primeras semanas, muchos clientes suspendieron contratos, los bancos acabaron con sus cuentas venezolanas y la exportación petrolera disminuyó un 40 %. El efecto sobre la economía del país sudamericano es crítico. El petróleo supone el 95 % de los ingresos por exportación de Venezuela y, junto al mercado del oro y al endeudamiento, ha mantenido la respiración asistida de las finanzas en los últimos meses, a pesar de que la producción petrolera ya había caído desde los 2,5 millones de barriles diarios en el 2015 a los 1,34 millones de barriles actuales.

Por eso algunos analistas alertan de que las sanciones podrían exacerbar la crisis económica y social. «Me parece improbable que EE. UU. haya pensado que estas sanciones se iban a mantener en el largo plazo. Pero eso es lo que pasa cuando no hay plan B. El plan A era que Maduro saliera, como algunos funcionarios estadounidenses han reconocido, en 24 horas, o máximo un mes», explica a La Voz Francisco Rodríguez, venezolano y economista jefe de Torino Capital, un banco de inversiones con sede en Nueva York.

«Pero estamos ya en el segundo mes y la amenaza se está convirtiendo en realidad. EE. UU. se va a tener que enfrentar a la comunidad internacional y a la realidad de que sus acciones están exacerbando la crisis económica y humanitaria de Venezuela, aunque nadie pueda poner en duda que el principal causante de la crisis es Maduro», añade el analista.

La economía del país se ha reducido a la mitad desde el 2013. La inflación marcó un histórico 1.698.000 % en el 2018, según la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y el FMI espera que alcance el 10.000.000 % en el 2019, lo que aumentará la escasez y la migración. Las sanciones ya están produciendo problemas a proveedores locales, que están cancelando contratos. Estados Unidos importó 463.000 barriles de crudo al día de Venezuela el pasado diciembre. En febrero, esa cifra bajó a 77.000 barriles.

Caracas ha intentado contrarrestar el efecto declarando su intención de duplicar el envío petrolero a India, que en un principio pareció dispuesta a aumentar sus compras. Pero el aumento de las exportaciones hacia el país asiático no ha cubierto en absoluto el descenso de las ventas a EE. UU. Y, además, las presiones de Washington parecen surtir efecto. Nueva Delhi advirtió la semana pasada a sus compañías de las consecuencias de hacer negocios con Maduro.

Las opciones de Caracas, por ende, se limitan. «Rusia, como país, no es comprador de petróleo venezolano. Tiene negocios en Venezuela y procesa una parte de petróleo a través de refinerías en India, así que las limitaciones allí limitarían su capacidad de ayudar, por lo menos a través de la compra directa de petróleo», comenta el analista. «China, por su parte, tiene el problema de que, como el acceso al mercado financiero mundial está bloqueado, debería comprar petróleo básicamente en operaciones de trueque internacional. Venezuela debería ser capaz de usar esos ingresos para comprar productos chinos, y eso es bastante complicado», comenta Rodríguez. Además, el gigante asiático ya recibe petróleo de Venezuela como pago en especie por los millonarios préstamos que ha otorgado a Caracas en la última década.

Así las cosas, las medidas contra PDVSA podrían empujar la producción de petróleo en Venezuela por debajo del millón de barriles diarios, el nivel más bajo en 70 años.