El enorme agujero de las expropiaciones en Venezuela

Venezuela sigue pagando los años locos del segundo gobierno de Hugo Chávez, cuando, semanalmente, confiscó o expropió empresas, nacionales o internacionales, según fuera el caso, y decidió estatalizarlas; urgido por la necesidad de inversiones, el sucesor del líder de la proclamada revolución bolivariana, Nicolás Maduro, ha comenzado, tímidamente, a privatizar algunas, aunque no en todos los casos resulta sencillo.

La semana pasada se resolvió en el Centro Internacional de Arbitraje de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), otro de los 26 casos que se cursan contra Venezuela, y el decimocuarto que pierde el país en el último lustro. El país está obligado a pagar 1.629 millones de dólares a la empresa Agroisleña, de capital español (como su nombre indica, de empresarios canarios que hicieron su vida en el país sudamericano), expropiada por Chávez en el 2010 sin pago de indemnización y por vía telefónica.

La de Agroisleña no fue una confiscación más. Empresa con décadas de presencia en el país, que financiaba a los productores agrarios, y que importaba y producía semillas y fertilizantes, su estatalización significó el desplome de la producción agrícola en Venezuela, y explica en parte la emergencia humana tan enorme que se desató a partir del 2015.

Rebautizada como Agropatria, se convirtió rápidamente en un nido de corrupción e ineficiencia; ya en el 2012 se consideraba técnicamente quebrada, y recientemente ha sido reprivatizada, a la chita callando, por el régimen de Maduro, por supuesto, con servicios y productos mucho menos ventajosos para los empresarios del campo. La vía venezolana al socialismo colapsó en el 2018, y desde entonces, muchas cosas han cambiado. Hace dos semanas, el centro comercial Sambil La Candelaria, en el centro de Caracas, fue devuelto a sus propietarios, la Constructora Sambil. El complejo, que ocupa una manzana entera en el barrio gallego de la capital venezolana, había sido confiscado por Chávez en el 2008, apenas a unas semanas de su inauguración. Entonces adujo que afectaría el tráfico, pese a que fue Freddy Bernal, su cercano colaborador y alcalde del municipio Libertador de Caracas en aquel momento, quien otorgó los permisos para su construcción. Los propietarios de Sambil comenzaron a invertir en otros países (entre ellos España, donde tienen un centro outlet en Leganés, Madrid) y detuvieron la mayoría de sus proyectos en Venezuela. El Sambil Candelaria, con más de mil plazas de párking en una zona que las necesitaba desesperadamente, fue alternativamente centro de refugiados y guarida de indigentes durante buena parte de estos 14 años, que culminarán con su inauguración, dilatada por casi tres lustros y prevista para octubre de 2022.

Sin embargo, la reprivatización de activos estatales avanza lentamente y con una enorme opacidad, tal y como destacan los economistas. Más de 800 empresas fueron confiscadas en los años locos del chavismo, y tienen que ser «devueltas o reprivatizadas en condiciones transparentes», señala el presidente de Fedecámaras (patronal), Adán Celis, quien pese a todo afirma que la devolución del Sambil Candelaria «es una señal positiva». El daño hecho por las confiscaciones se traduce, sin embargo, en que Venezuela tiene pagos pendientes por demandas ante el Ciadi por valor de casi 8.000 millones de dólares (antes del de Agroisleña).

El enorme agujero de las expropiaciones que inició el ex presidente Chávez y que se ha evidenciado ahora, supone un grave lastre a la hora de promover una inversión extranjera que empieza a despertarse tímidamente en el país, especialmente en áreas como el sector petrolero, los licores o la agricultura.