El malestar de la desigualdad

Actualmente, el mundo se enfrenta a una gran desigualdad que, no solo se limita a la economía, sino que la desborda y trasciende a otros ámbitos. Hasta tal punto es así que muchos de los males que nos afectan, desde la sostenibilidad del planeta, y del estado del bienestar, hasta el auge de los partidos populistas, son síntomas de esta desigualdad en la renta y la riqueza, que se muestra en un gran malestar en amplias capas de la población. Y este problema no ha hecho más que agrandarse en los últimos cincuenta años, fruto de las políticas económicas empleadas por los Gobiernos.

Si echamos la vista atrás y retrocedemos a mediados de los años setenta del siglo XX, podemos observar que las políticas keynesianas utilizadas hasta entonces, consistentes en mantener el pleno empleo gestionando la demanda mediante la política monetaria y fiscal, fueron sustituidas por un modelo neoliberal —liderado por Ronald Reagan, en EE.UU., y por Margaret Thatcher, en Gran Bretaña — que hacía hincapié en la desregulación, que tan graves consecuencias tuvo en la Gran Recesión del 2008, y en la reducción de impuestos, que aumentó las desigualdades económicas y sociales, después de que en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se hubieran reducido y, como consecuencia, se hubiera creado la mayor clase media que el mundo había conocido hasta entonces.

Todo esto ha sido puesto de manifiesto por prestigiosos economistas como Dani Rodrik, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Thomas Piketty, Branko Milanovic, o Mariana Mazzucato.En el caso de España, la tendencia ha sido la misma. La desigualdad ha aumentado como consecuencia de las tres últimas crisis: la Gran Recesión del 2008, provocada por la burbuja inmobiliaria, la pandemia del covid de los años 2020 y 2021, y ahora por el conflicto de Ucrania.

En España, las políticas de protección social, iniciadas con cierto retraso en los años ochenta, favorecieron que se redujera mucho la desigualdad, una tendencia que se mantuvo hasta el siglo XXI. De este período data la universalización de la sanidad y la educación, que fortaleció el estado del bienestar que, en esos momentos, se estaba implementando en España. En este período, la desigualdad entre el 10 % más rico de la población y el 50 % más pobre se recortó de forma importante. Sin embargo, la doble crisis inmobiliaria y financiera del 2008 y la del euro y la de deuda soberana del 2010 —y las consiguientes políticas de ajuste y de recortes en la cobertura social—, revirtieron la convergencia iniciada en la etapa anterior.

El resultado ha sido una explosión en la desigualdad como pone de manifiesto el índice de Gini (medida de concentración estadística que estudia la distribución de la renta) o el indicador Arope, elaborado por Eurostat para los países de la UE (que mide la pobreza y la exclusión social). Asimismo, estudios realizados por organismos internacionales, como el FMI, la OCDE u oenegés como Cáritas e Intermón Oxfam, confirman esta enorme desigualdad creciente en España.

Sin embargo, la desigualdad es una opción, no es un mal inevitable, por lo que es necesario abordar el problema de forma rigurosa y aprender de las lecciones de las últimas décadas, corrigiendo los errores cometidos.

¿Cuáles son estas lecciones? Primero, los mercados, por sí solos, no logran la equidad. Desempeñan un papel fundamental en la economía, pero presentan disfuncionalidades, como producir demasiado de algunas cosas indeseables (como contaminación) y demasiado poco de otras (como la investigación). Además, se producen abusos de poder por parte de las grandes empresas monopolistas.

De ahí la necesidad de que los Gobiernos realicen una función regulatoria de la economía corrigiendo situaciones indeseables que se presenten. La política y la economía no pueden ir por separado. La desigualdad económica se corrige con políticas gubernamentales que la reduzcan, y no solamente con la ley de la oferta y la demanda y con la mano invisible del Estado.

Segundo, es necesario abandonar la economía del goteo, defendida por el neoliberalismo, que dice que todo el mundo se beneficia del crecimiento, porque gotea desde los de arriba hacia los de abajo. Sin embargo, los datos son tozudos y dicen que los beneficios del crecimiento no gotean hacia los más desfavorecidos.

Tercero, se ha parado el ascensor social que consiste en las medidas que toma el Estado para sacar de la pobreza a los ciudadanos. Para que se vuelva a poner en marcha, es necesario potenciar la educación, que es el principal ascensor social, al romper la correlación entre formación y clase social, fomentando la igualdad de oportunidades. Por eso, se requiere una potenciación de la política de transferencias, con un aumento en las becas y en las ayudas a los estudiantes procedentes de familias con menos recursos.

Cuarto, se hace necesaria una profunda reforma fiscal para que contribuyan más los que más tienen. La política fiscal es la que mejor redistribuye la renta y la riqueza a corto y medio plazo. El enorme peso del IVA en la recaudación fiscal, que incide especialmente en las rentas más bajas (impuesto regresivo), provoca que no paguen más quienes más tienen.

El IRPF excluye a los poseedores de las grandes fortunas, ya que casi nunca obtienen sus ingresos de las nóminas. El resultado es que las clases medias asalariadas son las que soportan gran parte de la presión fiscal. La fiscalidad patrimonial es muy desigual y quienes debieran pagar por ella buscan residencias de conveniencia que les beneficien más. El resultado es una fiscalidad a la baja.

Las grandes empresas han conseguido reducir su tributación de forma que hoy soportan tipos efectivos más bajos que las pymes (otra situación regresiva). Todo esto ha sido recogido, entre otros estudios, en los Libros Blancos sobre la reforma fiscal encomendados por los Gobiernos — primero del PP y posteriormente del PSOE— a unos comités de expertos.

La economía es, sin lugar a dudas, un medio para conseguir un fin: la felicidad y el bienestar del conjunto de los ciudadanos. En las manos de la sociedad y del Estado está poner fin a la situación de malestar que tienen amplias capas de la población y reducir drásticamente las desigualdades existentes, aumentando la cohesión social.

Juan Manuel Sánchez Quinzá-Torroja. Profesor de Economía Aplicada de la UDC