La Administración «roba» obras a las constructoras

Las Administraciones públicas han disparado un 77 % el uso de medios propios para acometer obras. Del 2021 al 2022 ejecutaron ellas mismas 1.458 encargos más, hasta llegar a los 3.346, lo que en dinero supone unos 2.000 millones más que no fueron a parar a los bolsillos de las empresas constructoras, un dato sobre el que alerta la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que lamenta «la parálisis de la libre competencia en un sector fundamental para la transformación de España, especialmente en un contexto de ejecución de los fondos NextGenerationEU».

Si en el 2021, las administraciones municipales, autonómicas y estatal destinaron algo más de 595 millones de euros a la ejecución de contratos mediante empresas públicas, un año después ese importe se había incrementado en un 350 %, llegando a los 2.631 millones. Supone una cifra 4,5 veces mayor, lo que para la patronal del sector «es una auténtica irresponsabilidad que elimina el principio de libre concurrencia y capacidad y aboca a la disolución o al concurso de acreedores a miles de compañías» de un negocio que está compuesto en más del 95 % por pequeñas y medianas empresas y por trabajadores autónomos.

Los datos que han hecho a la CNC alzar la voz de alarma figuran en el informe La publicidad de los encargos a medios propios elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), que depende del Ministerio de Hacienda. El documento refleja, en opinión del sector, un «disparatado aumento a partir del 2018», cuando el volumen de obras ejecutadas con medios propios por las administraciones solo fue de tres millones de euros.

Desde aquel 2018 esa cifra no ha parado de crecer. En el 2019 ya fue de 121,2 millones, para pasar a 66,3 en el 2020 y llegar a 589 en el 2021. El crecimiento en el 2022 no tiene precedentes, con 2.631 millones que reflejan para la Confederación Nacional de la Construcción «adjudicaciones arbitrarias absolutamente desproporcionadas con consecuencias nefastas para el tejido productivo y para la ciudadanía, ya que es la libre competencia entre empresas la que arroja los mejores resultados».

De todas las administraciones, han sido las autonomías las que más uso han hecho en el 2022 de los medios propios para ejecutar obras, con un 44,2 % del total. Le sigue el Estado, con un 36,1 % y son los ayuntamientos y las diputaciones los que en menor medida han provocado el problema de competencia desleal que denuncia el sector, ya que solo llevaron a cabo ellos mismos el 19,67 % de los encargos. Con todo, las comunidades autónomas han bajado recientemente su incidencia en esta situación, ya que la cifra se situó en el 2021 en el 58,9 %.

Para el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, «el abuso de los medios propios no solo supone una amenaza para la competencia empresarial, sino que puede comprometer los fondos europeos y alejar los objetivos del Plan de Recuperación. Las empresas debemos competir en igualdad de condiciones para seguir creando riqueza, empleo y bienestar para la sociedad».