Ecuador, ante el dilema de renunciar al oro negro

En agosto del 2023, los ecuatorianos aprobaron en referendo detener la explotación de petróleo en el Parque Nacional Yasuní. Se trató como un hito, una decisión histórica para preservar el Amazonas y sus pueblos de forma consciente, porque se renunciaba a mucho dinero para las arcas del Estado. Poco después la Corte Constitucional emitió un fallo en el que instaba a las compañías petroleras a detener sus actividades progresivamente antes de finales de agosto del 2024.

El nuevo presidente, Daniel Noboa, se comprometió inicialmente con esos plazos, pero después comenzaron a surgir dudas y ahora numerosas asociaciones de la sociedad civil e indígenas denuncian que la explotación no solo no se ha detenido sino que cumplir los plazos dados por los jueces y acabar con las actividades antes de final de mes va a ser muy difícil.

Esas noticias provenientes del Amazonas han vuelto a reavivar el debate sobre la pertinencia de acabar con la extracción de petróleo en un momento en el que Ecuador vive una fuerte crisis de violencia y también económica. «La inmensa mayoría de las personas elegiríamos no explotar el Yasuní. Nadie quiere hacerlo. Pero la pregunta es si podemos realmente no hacerlo y si somos conscientes de cuáles son las consecuencias», comenta a La Voz de Galicia Susana Herrero, directora del centro de investigaciones económicas de la Universidad de las Américas (UDLA).

El campo 43-ITT supone ahora el 11 % de la producción anual de petróleo de Ecuador, con unos 57.000 barriles diarios. Entre el 2014 y el 2022 dejó una renta petrolera de 4.224 millones de dólares y los analistas estiman que podría inyectar a las arcas del Estado hasta 13.000 millones de dólares en los próximos años.

«La diatriba es si se puede cerrar a final de mes, tanto por razones técnicas como presupuestarias. Ecuador está en una situación económica crítica, volviendo a pedir recursos al Fondo Monetario Internacional y con dificultades para pagar a proveedores y los salarios de sus propios trabajadores y funcionarios», lamenta Herrero.

«Seguimos, además, teniendo un tejido productivo muy débil, con una empresa pequeña y mediana que debería ser el verdadero tejido productivo del Ecuador, pero que tiene niveles de innovación y desempeño muy bajos», añade.

Noboa, que votó a favor del cierre en el referendo, ya dejó caer en enero la posibilidad de una moratoria sobre el cierre del 43-ITT. Ante las fuertes críticas, dejó de hablar del tema, hasta que en mayo emitió un decreto ejecutivo con el que creaba el «comité de ejecución de la voluntad popular del Yasuní» para cumplir con ese retiro progresivo.

Las organizaciones indígenas, estudiantiles y de la sociedad civil que batallaron durante una década por el referendo y el cierre de la explotación han denunciado que ese decreto es papel mojado, porque no da plazos concretos, ni estipula un presupuesto para el cierre, además de no incluir en el comité a esas mismas organizaciones.

Además, otros piensan que esa disposición gubernamental llega tarde y que va a ser muy difícil cumplir con lo acordado en la votación popular antes de final de mes.

Quienes defienden con ahínco el cierre del Yasuní documentan que el crudo ha afectado fuertemente a los cultivos de los pueblos de la zona y a plantaciones, especialmente de plátano y yuca, y que amenaza a una de las zonas más biodiversas del mundo, con más de 120 especies de reptiles, casi 600 de aves y 400 de peces. Pone en peligro, además, el actual hogar de los Tagaeri y los Taromenae, dos de los últimos pueblos en aislamiento voluntario de la Amazonía.

Sus abogados ya han reclamado a la Corte Constitucional que evalúe el cumplimiento del referendo y han destacado que los funcionarios que incumplan mandatos legales legítimos podrían ser incluso destituidos, según las leyes del país, incluido el presidente.