Economía frágil y empleo precario

Detrás del ruido de la celebración de las cifras de paro y afiliación a la Seguridad Social conocidas el lunes, aparecen rasgos preocupantes en el modelo de recuperación de la economía española y del tipo de empleo que se está creando. Porque el aumento de la afiliación se localiza básicamente -además del sector público en año electoral- en sectores de bajo valor añadido (comercio, hostelería y construcción) que generan empleos inestables y donde se pagan salarios bajos. No hay por lo tanto, ningún indicio que permita atisbar un cambio en el modelo que nos ha traído hasta aquí, una evolución gradual pero sostenida hacia una estructura productiva liderada por la industria y los servicios de alto contenido tecnológico.

Por eso el empleo que se crea es precario, temporal y a tiempo parcial. El 37 % de los afiliados al régimen general tienen un contrato temporal y el 25 % un contrato a tiempo parcial. La mitad de los afiliados por cuenta ajena tiene un contrato precario, temporal y/o a tiempo parcial. Esto, sumado a la devaluación salarial fomentada por la reforma laboral, hace que encontrar un trabajo sea cada vez menos una garantía para poder llevar una vida independiente o salir de la pobreza, y está detrás del importante aumento de los índices de exclusión social.

La razón básica que origina el empleo precario es un tejido productivo de poca calidad y, subsidiariamente, una legislación laboral que fomenta la aparición de negocios precarios y desincentiva el crecimiento empresarial. Como, por ejemplo, hace el contrato de fomento del empleo -con período de prueba de un año y, por lo tanto, el más precario de todos aunque en las estadísticas se considere indefinido- que desincentiva el aumento de tamaño de la empresa por encima de los 50 trabajadores.

Ante este mal panorama es necesaria una política presupuestaria distinta, que fomente el cambio estructural del aparato productivo y la reindustrialización, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos en todos los niveles de la Administración y que ayude a recuperar la demanda interna. El objetivo debe ser sacar a la economía española de su patrón tradicional de crecimiento de bajo valor añadido, sin industria, empleo inestable y salarios bajos. Para ello hace falta aumentar suficientemente la inversión, pública y privada, y reorientarla desde el cemento hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de las empresas. La injusta reforma fiscal del Gobierno no persigue este fin, sino solo ventajas electorales en el corto plazo.

En relación al desempleo, la ligera reducción de su número no puede ocultar que en España hay dos millones de desempleados excluidos del sistema de protección por desempleo según los datos del Servicio Público de Empleo y más de tres y medio con datos de la EPA. Este alto nivel de desprotección genera pobreza y exclusión social, que debe combatirse con la introducción de una renta mínima y programas que combinen protección con medidas dirigidas a la recualificación y reinserción de los parados de larga duración. En este sentido, el Gobierno debe cumplir los objetivos acordados con los agentes sociales para el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo y beneficiar a 400.000 parados de larga duración con cargas familiares.