Vacunas y sociedad dual

La vacunación voluntaria de la población infantil ha puesto de manifiesto otra de las contradicciones de la sociedad dual en la que estamos inmersos y que cada día profundizamos más: la de los que están vacunados y la de los que no lo están.

Para entrar en muchos países se exige la vacunación contra varias enfermedades contagiosas y peligrosas, pero en la UE la inmunización infantil es voluntaria y al albur de los progenitores. En España, en el que el sistema se basa ?en el compromiso y la responsabilidad social de los padres?, el 95% vacuna a sus hijos, pero un 5% se niega porque sigue la opinión de determinados círculos de medicina alternativa que, sin base científica, dudan de su bondad.

Esta libertad de vacunar estaría bien si las consecuencias de no hacerlo la padeciesen únicamente los progenitores y no sus hijos y los compañeros de juego y escuela con los que conviven. Los padres que rechazan la vacuna hacen un uso muy cuestionable de su prerrogativa porque con su decisión privan a sus hijos del derecho a la protección de la salud y acaban con los logros de la inmunización comunitaria, ya que si muchos dejan de vacunar la tasa de protección colectiva descenderá y reaparecerán enfermedades que creíamos controladas.

La aparición de la difteria en un niño de Olot, cuando la enfermedad se daba por desaparecida en España desde 1987, está generando nuevos casos de esa sociedad dual porque numerosos clubes deportivos y varias colonias de verano están siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes y rechazando el ingreso en sus instalaciones de aquellos niños que no están vacunados contra las enfermedades que contempla el calendario vacunal infantil. ¿Qué harán ahora los padres antivacuna? ¿Denunciarán esta práctica? ¿Exigirán clubes, campamentos de verano y colegios para los no vacunados o aceptarán deportivamente que sus vástagos sean excluidos de las actividades colectivas? ¿Se irán con ellos a vivir en una isla desierta o los meterán en una campana de Gauss?

Y continuando con la teoría del absurdo, ¿los padres del niño de Olot van a pagar la factura sanitaria del tratamiento médico de su hijo y del seguimiento a más de doscientas personas que pueden haberse contagiado, o la paga alegremente el contribuyente? ¿Los infectados podrán reclamar daños y perjuicios a los padres o deberán hacerlo a la Administración?

Verdaderamente estamos llegando a un sinsentido. Si los científicos y responsables sanitarios están convencidos de que las vacunas salvan vidas y reducen drásticamente la mortalidad infantil (en 1943, antes de que apareciera la vacuna de la difteria, morían en Europa unas 50.000 personas por esta enfermedad. En 2013 fueron 3.300 en todo el mundo, la mayor parte por no tener acceso a la vacuna), entonces la inmunización debe ser obligatoria. Si, por el contrario, todo está construido sobre una mentira, la vacunación no tiene razón de ser en colectividad.