Cataluña apremia a España

La culminación muy peculiar e in extremis del proceso electoral que tuvo lugar en Cataluña el 27 de septiembre último constituye, quiérase o no, un serio aviso a las fuerzas políticas que resultaron elegidas a nivel nacional en las más recientes elecciones del día 20 de diciembre, de manera especial a aquellas mayoritarias que tienen en sus manos el porvenir político de España.

Tras el bochornoso espectáculo que proporcionó la actitud adoptada por el ya expresidente Artur Mas, sometiéndose a las más humillantes exigencias de la CUP, lo cierto es que quienes asumieron el protagonismo y la responsabilidad de encauzar las negociaciones posteriores al resultado de las últimas elecciones celebradas en la comunidad autónoma de Cataluña han optado, finalmente, por evitar un nuevo proceso electoral, colocando en la presidencia de la Generalitat a un miembro del partido Convergencia Democrática, que desde siempre se vino significando por un manifiesto, claro y rotundo afán independentista. Como es lógico y así cabe esperarlo, el nuevo presidente de Cataluña va a llevar hasta sus últimas consecuencias el primero de los acuerdos adoptados por el recientemente constituido Parlamento de esa comunidad autónoma de España, que pretende constituir una república catalana independiente, no acatar las leyes españolas y desobedecer las resoluciones emanadas de las instituciones del Estado nacional.

Ante un panorama como el descrito, que va a producirse sin demora en Cataluña, parece imprescindible dotar ya a España de un Parlamento y de un Gobierno fuertes y cohesionados que se hallen en condiciones de dar la respuesta adecuada a los desafíos y a los retos que van a venir de las renovadas instituciones públicas catalanas.

Desgraciadamente, la situación política de España después de las elecciones del 20 de diciembre último se presenta, a día de hoy, todavía muy borrosa e insegura y no se sabe muy bien cuál va a ser el Gobierno que rija los destinos de la nación, previéndose incluso como alternativa y tras el posible fracaso en las negociaciones para lograr un pacto de investidura la celebración de un nuevo proceso electoral que clarifique definitivamente la situación.

No se trata de aprovechar el riesgo que conlleva para el interés general de los españoles el ya anunciado giro que va a adoptar la política catalana y, en base a ello, urgir una solución inmediata entre los partidos políticos que obtuvieron representación en las Cámaras legislativas nacionales tras los comicios generales del pasado 20 de diciembre. Los tiempos en política deben ser respetados y lo cierto es que hoy mismo se constituyen las Cámaras y ha de esperarse a que el proceso jurídico?constitucional prosiga por sus cauces normales sin incurrir en apresuramientos innecesarios. Ahora bien, sería irresponsable no constatar la importancia y trascendencia que para la política nacional representa la consolidación en Cataluña de un proyecto secesionista y de ruptura con España que a día de hoy se revela ya imparable, de inmediato desarrollo y de unas consecuencias nefastas no solo para los ciudadanos catalanes, sino también para todos los que integran el Estado español.

Es cierto que un Gobierno en funciones mantiene la misma capacidad y competencias jurídicas para poder hacer frente a una situación como esa, pero no se puede ignorar que la natural provisionalidad del mismo, susceptible de alargarse en demasía si hubiera de recurrirse a la convocatoria de nuevas elecciones, debilitaría, quiérase o no, la posición del Estado frente a los desbordados y delirantes intentos independentistas de una parte, en este caso muy importante, de su territorio.

Hoy más que nunca se impone la cordura y el buen sentido entre los partidos políticos que obtuvieron representación parlamentaria en las últimas elecciones generales celebradas en España y, puesto que ninguno de ellos llegó a alcanzar la mayoría suficiente para gobernar en solitario, debieran adoptar los pactos de legislatura o de gobierno que permitan hacer frente con contundencia a los intentos separatistas que a partir de ahora mismo va a poner en marcha la comunidad autónoma de Cataluña. Las patentes y sanas diferencias en los planteamientos ideológicos y en los proyectos de gobierno que separan a todos esos partidos políticos implicados en la tarea común de hacer mejor gobernable a nuestra nación debieran traducirse en modificaciones legislativas consensuadas que propiciaran la actualización de nuestro Estado de derecho y la de nuestra democracia representativa, preservando, en todo caso, la unidad e indisolubilidad de la nación española, que en estos momentos puede encontrarse en entredicho.

el desafío secesionista