Alimento para el monstruo

Tendría narices que toda la estrategia legal del Estado contra el independentismo catalán se fuese a derrumbar por un simple y vulgar defecto de forma. Tendría más narices todavía que por ese fallo unos fugados de la Justicia que han intentado romper una nación quedasen en libertad como si no hubiesen cometido el menor de los delitos. Y aun tendría más narices que el fallo de procedimiento -no actualizar y acomodar a la euroorden a la orden de detención nacional de la jueza Lamela- fuese cometido por un magistrado del Tribunal Supremo. Tendría narices, pero ha ocurrido. Y solo tiene una explicación: mala fe o desconocimiento del fiscal y los jueces belgas, porque no existirá orden de detención nacional, pero sí existe un auto de procesamiento que tiene algo de valor. Mientras se arregla el entuerto, la foto de los tres exconsejeros catalanes instalados en Bélgica brindando con sus abogados por el insólito triunfo es la foto de la humillación (espero que provisional) de la Justicia española. Ahora tiembla la columna vertebral del Estado de Derecho, porque se teme un efecto dominó que vaya desde el Reino Unido, donde está la señora Ponsatí, hasta Berlín, donde está el presidente legítimo (palabra de Joaquim Torra), el Molt Honorable Puigdemont.

Si eso ocurriese, habría otro efecto demoledor: podría suceder que hubiera dos tipos de golpistas catalanes. Por una parte, los que huyeron al extranjero, los prófugos, que quedarían libres de las acusaciones de los delitos más graves y, por la otra, los que decidieron quedarse, fueron detenidos, están en prisión preventiva y pueden ser condenados a varios años más de cárcel. El jefe de la trama, libre, y sus ayudantes, condenados. Decidme que eso no lo verán nuestros ojos. Decidme también que la Justicia europea no puede servir para proclamar la impunidad de un grupo de sediciosos. Decidme, en tercer lugar, que la huida de la Justicia no puede ser un pasaporte para ganar la libertad en países vecinos y socios, que compartimos la misma idea del Derecho y del Estado. Decidme, por último, que el Tribunal Supremo o la Fiscalía General del Estado tienen recursos legales para que los belgas sepan qué es un auto de procesamiento y los delincuentes paguen por sus delitos.

Pero, como vivimos en momentos de gran manipulación, no descartemos lo peor: que esa aparente victoria del independentismo en Bélgica se utilice para alimentar el monstruo que lleva meses alimentando y consiga que arraigue en la opinión pública la perversión de que la única Justicia imparcial es la europea y que la española es política y no aplica la ley, sino las indicaciones del poder ejecutivo. Ese es el riesgo político. Lo demás creo que tiene solución.