La interinidad de la legislatura

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre Gürtel, sin alteración de la división de poderes propia de un Estado de Derecho, ha afectado al ámbito de la política. Se ha cuestionado la credibilidad del presidente del Gobierno y se ha aprovechado para la correspondiente campaña, el líder de Ciudadanos ha sentenciado que se abre una nueva etapa, que hay un antes y un después y se ha interpuesto por el PSOE nada menos que una moción de censura. Su finalidad explícita por Sánchez es ser investido presidente para recuperar la dignidad de la democracia y convocar después elecciones. No parece que le den los números. C’s no entra en ninguna de las combinaciones posibles; ya no es momento de Rivera para servirle de peana. Apoyarse en los independentistas resulta alarmantemente contradictorio con la posición que ha venido manteniendo en la aplicación e incluso ampliación del artículo 155, por no recordar la enérgica reprobación del president Torra a cuenta de sus tuits supremacistas. Pero tampoco parece que consiga los votos necesarios del PNV y de Coalición Canaria. El amago puede quedar reducido a procurar un desgaste de Ciudadanos y un freno de Podemos. Con independencia del interés personal, en el que no entro, no parece que la iniciativa favorezca el interés general del país, como dice pretender, si nos atenemos a las inmediatas reacciones negativas de los mercados nada más conocerla. Le ha valido a Rajoy para no convocar elecciones reclamadas por Rivera que no le interesan y la Constitución impide.

La sentencia ha venido a aguar la euforia partidaria por la aprobación de los Presupuestos, por más que los portavoces hayan tratado de minimizar su impacto. No importaba el precio a pagar. Era la balsa de flotación a la que se había subido Rajoy para completar la legislatura. Con unos Presupuestos descaradamente electorales podrían obtenerse los réditos necesarios para revertir la tendencia negativa de las encuestas. Al pragmatismo de Rajoy se unió el del PNV, que ha conseguido beneficios manifiestos e incluso una reivindicación del nacionalismo como impulsor de la subida de las pensiones. El mantenimiento de la aplicación del artículo 155 en Cataluña no fue un obstáculo insalvable. Todos los actores son conscientes de que el govern no puede permanecer mucho tiempo en la nube por la no publicación oficial de sus miembros; pero sí el suficiente para que el juez Llarena dicte el auto de procesamiento de los consellers afectados, con el cual quedan inhabilitados, al tratarse de rebelión, y queda expedita la vía para sustituirlos por otros. Si eso ocurre así, Torra puede deducir a su tutor que no hay otra salida y todos contentos.

Una normalidad azarosa y reivindicativa en Cataluña que deja sin resolver su problema y constancia de interinidad de la legislatura, que va a ser sometida a la prueba de unas elecciones municipales y a las dificultades de un gobierno en minoría. La solución más plausible de todas las que ahora hubieran podido adoptarse.