¿Qué es la Justicia democrática?

Hay quien cree que la «justicia democrática» no existe, que la Justicia solo puede ser Justicia, y que cualquier cosa que la toque es una injerencia que anula su independencia. En la lógica de esta gente, el Poder Judicial solo puede ser administrado por los propios jueces, cosa que suele traducirse en la idea -para mí peregrina- de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solo puede ser compuesto y elegido por jueces.

Pero el principio general de la democracia es que los poderes emanan del pueblo, y que, por muy divinos que nos pongamos, tiene que haber un momento en que el gobierno de los jueces debe ser inspirado, y oportunamente revisado, por la voluntad popular. Si tuviésemos muchas ganas de votar, y estuviésemos dispuestos a informarnos para hacerlo, podríamos elegir el CGPJ, y específicamente a su presidente, y presidente del Tribunal Supremo, por sufragio universal. Los candidatos serían, obviamente, jueces, o personas habilitadas por las leyes. Pero la elección la haríamos nosotros, periódicamente, para inspirar, dentro de la Constitución, la cultura y el modelo judicial que queremos.

Lo mismo podríamos hacer con el fiscal general y los fiscales jefes. Y de hecho hay democracias en las que algunas de estas figuras son elegidas por los ciudadanos. Pero, si dudamos de la funcionalidad y la idoneidad de la elección directa, y pensamos que la importancia de la función jurisdiccional no admite experimentos tan radicales y auténticos; y si queremos tener, al mismo tiempo, una justicia democrática, es evidente que la transferencia de la capacidad de conformar de forma indirecta el CGPJ no puede quedar desvinculada del voto popular. Por eso debería ser un principio general de la justicia democrática que los jueces no pueden tener todas las palabras, desde la primera a la última, en la elección de su propio Gobierno. Porque eso sería equivalente a que el Gobierno del país fuese elegido por los altos funcionarios de la Administración pública.

Por eso creo que, no siendo funcional que los ciudadanos elijamos directamente a los jueces y fiscales, cuando ni siquiera elegimos alcaldes, presidentes de diputaciones y autonomías, y presidente del Gobierno, es irrenunciable que la elección del CGPJ dependa de forma determinante, de las Cortes Generales. Tiene toda la lógica que, si los ciudadanos hemos generado una mayoría absoluta compuesta por PP y PSOE, la política del CGPJ se parezca bastante a lo que hacen PP y PSOE. Porque esa es la garantía de que si un día creamos una mayoría absoluta de Podemos y Batasuna, la política desplegada por el CGPJ también sería coherente con esa elección. La democracia no nos garantiza el gobierno racional de los mejores -la aristocracia de los griegos-, sino que nos gobierne aquel que elijamos, por más disparatado que sea. Y por eso no sería justo ni democrático que, si el pueblo decide poner el futuro en manos de Pablo Iglesias, siga gobernando la Justicia un CGPJ conservador.