Hay que reformar la administración

Un reciente informe del Banco de España predice que una mala o retrasada solución de la pandemia supondrá graves problemas para nuestra economía y sus repercusiones sociales. Más allá de los gobiernos, muchas de esas soluciones dependen necesariamente de las administraciones publicas -central, autonómica, provincial y local-, y algunos indicadores nos demuestran que la siempre aplazada reforma de la Administración pública y del estatuto básico del empleado público condiciona absolutamente nuestra economía y nuestro estado del bienestar.

Reforma olvidada desde Jordi Sevilla en 2007 y paralizado ahora el Anteproyecto de Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado, propuesto por el Gobierno el 9 de marzo de 2020, por el Confinamiento. Confinamiento que supuso no solo enviar a los trabajadores (funcionarios y laborales) a casa, sino confinar la Administración, con suspensión de trámites administrativos y judiciales. Porque si bien España ocupa el segundo lugar en la UE en servicios públicos digitales, casi la mitad de los españoles carece de competencias digitales básicas y un 9 % nunca ha utilizado Internet, de acuerdo al Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI). Y con estos datos, el teletrabajo y la tele enseñanza presentan graves limitaciones para su eficacia, por más que los funcionarios y sus sindicatos hagan bandera de ello en las Administraciones públicas, o los utilicen de excusa para otros fines.

Sindicatos que olvidan, o no «enfatizan», la dualidad laboral del sector público donde junto a una precariedad laboral mal retribuida en médicos y enfermería que soporta lo grave de la pandemia y acude a su puesto de trabajo, se mantiene y justifica una muy baja o desregulada actividad en el personal de otras funciones en las administraciones. Consecuencia de tal desmadre y carencias de organización es la demora que se produce en resolver cuestiones urgentes: del medio millón de solicitudes del ingreso mínimo vital recibidas, solo se han aprobado algo menos de 4.000. A pesar de que acudieron al grupo público Tragsa para tramitarlo. Igual que sucedió en el Servicio Público de Empleo Estatal con la tramitación de las solicitudes de los ERTE. Rastreen en otras administraciones, incluso locales, y encontraran otras parálisis y demoras.

Desconozco si este Gobierno llegará a reformar las administraciones publicas de España, pero si la Comisión Europea fuera rigurosa en la evaluación de los fondos para la reconstrucción, debiera exigirle al Reino de España una reforma en profundidad de sus administraciones, tal como hizo la Troika en Portugal en 2011. Reforma celebrada con éxito, con reducción de costes y modelos más eficientes, procurando la profesionalización y despolitización de la gestión pública portuguesa, con políticas de evaluación del rendimiento y de ética pública y servicio a los intereses generales. Algo imprescindible en España y en Galicia, por más que al parecer nadie se atreva.