Algo de economía y mucho de política

El 2021 nos ha recibido con algo recurrente año tras año: el incremento de los peajes en la AP-9. Todos los primeros de enero, en la larga lista de subidas de precios nos encontrábamos las autopistas. Este año, donde todo es tan distinto, y además esa lista es más corta, vuelven a figurar los peajes pese a que lo que se nos había anunciado era justamente lo contrario. 

Y esta noticia merece una reflexión desde dos puntos de vista. El primero, desde la óptica económica y basada en razonamientos técnicos; el segundo, con una mirada política donde otras consideraciones entran en juego.

Si nos atenemos a una perspectiva económica, el pago de peajes por parte de los consumidores responde a una práctica extendida desde hace tiempo (con mayor o menor intensidad) pero, pese a que muchos lo han intentado evitar, tiene fundamentos sólidos. Para simplificar, la idea de que pague quien lo utilice implica eficiencia, por un lado, y racionalidad, por otro. Esta combinación, sin duda, a los economistas nos agrada.

Por otra parte, si entra en juego la política, la cosa se vuelve más compleja. También por simplificar: si las autopistas realizan una función de vertebración del territorio indispensable para el desarrollo económico parece sensato una intervención pública para su nacionalización o alguna política semejante.

Por tanto, si algo queda claro de la lectura hasta aquí es que cualquiera de las dos opciones podría defenderse: a favor del establecimiento de peajes, o bien en pro de su eliminación. Lo que resulta muy difícil de explicar y, desde luego, imposible de entender, es que dentro de un mismo Estado convivan ambas opciones según el territorio que se trate. Por ello, cuando somos conocedores de que la AP-9 es, por cuarto año consecutivo, la autopista de toda España que más sube sus peajes (pese a los anuncios en sentido contrario) el sentimiento de discriminación resulta inevitable.

Y como esa incomprensible discriminación no puede venir por una justificación económica, el motivo de la misma es única y exclusivamente político. Los distintos partidos con responsabilidad de gobierno no han estado a la altura en esta materia, sobre todo si hacemos comparativa con otros territorios. Ni unos ni otros han sabido hacer valer la importancia de la principal vía de comunicación interna que tenemos los gallegos. Y, un año más, como tantos otros, pagamos los consumidores.