O peajes o impuestos, los dos, no

El Gobierno ha abierto un debate muy delicado. El que conlleva que quien use bienes públicos sea quien los tenga que pagar. Quien use las autovías, que las pague. Quien vaya por carreteras de alta capacidad, que lo pague. Pero, ¿por qué las carreteras?, ¿por qué no los colegios públicos?, ¿por qué no la sanidad, y así tendría más recursos?, ¿por qué no la Biblioteca Nacional, el tendido del AVE, quien necesite a la Policía...? ¿Por qué no todo?

Ya puede ser un céntimo, como baraja el Ministerio de Transportes, o 9 como llegó a plantear la patronal de las grandes constructoras. El principio es ese, quien use que pague.

Pero, y entonces, ¿qué se hace con los 12.000 millones de euros que se recaudan al año con los impuestos especiales a los hidrocarburos? No se supone que obedecen a ese criterio de que quien contamina paga, quien consume paga. Se ve que no, que de ese monto no pueden salir los entre 700 y 1.200 millones que por ejercicio se han gastado en los últimos años en conservar las carreteras.

Las constructoras y empresas concesionarias de autopistas llevan meses apretando, haciendo lobi de muy alta intensidad para que España se suba al carro del cobro en las autovías, para así posibilitar que haya más dinero para educación y sanidad (sic). Y concesiones para ellos, que no lo expresan tan abiertamente, pero ya se sabe que una concesión de una carretera suele ser un gran negocio.

Pero, ¿quién garantiza que ese peaje no se disparará con el tiempo, como lo han hecho los de autopistas como la AP-9? ¿Quién puede afirmar que cuando sea necesario ampliar un puente no vaya a haber subidas extra de peajes, como ocurrió en Rande? ¿Y quién puede prometer que los peajes de hoy no serán el copago que se pueda poner en las operaciones quirúrgicas de mañana, si es que en algún momento tampoco llega el dinero para ese fin? ¿O acaso no se podría decirle a un fumador que por el disfrute que ha hecho del tabaco en toda su vida tiene que pagar una parte de los 117.722,02 euros que cuesta el trasplante de pulmón, ya que ese gasto no tienen por qué soportarlo los que nunca le han dado una calada a cigarrillo alguno? ¿Qué justificaría entonces que una familia sin hijos tenga que mantener con sus impuestos el sistema educativo, o que un habitante del medio rural no pueda escaparse a que parte de lo que da al fisco sirva para subvencionar el transporte urbano que a lo mejor nunca llegará a utilizar?

Es un debate delicado, donde cada uno pone el acento en el límite al cobro por uso donde cree que lo resiste. Pero ¿y si se le añaden otras circunstancias, como que por el hecho de vivir en un extremo del país un gallego, por ejemplo, tendría que pagar más peajes por moverse que los que residen en los núcleos de decisión y poder, que además llevan años contando con diversas opciones de entrada y salida por carretera, infinidad de posibilidades aéreas o servicios ferroviarios de primera?

Pagar por usar no sirve para todo, no en lo público, porque peajes e impuestos para el mismo fin no casan.