Pensiones: acuerdo positivo pero manco

El acuerdo sobre pensiones es tan satisfactorio como incompleto. Positivo, sobre todo, para los diez millones de pensionistas actuales y quienes se hallan en vísperas del retiro. Sus pensiones se revalorizarán anualmente con el IPC: mantendrán su poder adquisitivo. E insuficiente para nuestros hijos y nietos, porque no ataca la cuestión fundamental: la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Gobierno y agentes sociales aplazan, para una segunda fase de la reforma, las medidas más dolorosas. Las encaminadas a reducir el gasto, como el cómputo de años cotizados para calcular la pensión, o a incrementar los ingresos, como la subida de las bases máximas de cotización. En realidad, solo una de las medidas acordadas contribuirá a mitigar el desfase entre cotizaciones sociales y gasto en pensiones: la penalización por jubilaciones anticipadas y los incentivos para retrasar la edad de retiro. Si el mecanismo funciona, el trabajador que aplace el retiro seguirá cotizando uno o dos años más y cobrará su pensión durante uno o dos años menos. Un doble alivio para las cuentas, pero claramente insuficiente.

Pero hay un aspecto en el acuerdo suscrito que, pese a su efecto financieramente neutro, me parece especialmente relevante: el traslado del déficit del sistema de pensiones a las cuentas del Estado. La Seguridad Social se desprende de sus «gastos impropios», financiados con las cotizaciones de empresas y trabajadores, y la Administración General del Estado los asume como propios. La lógica del trasvase resulta incuestionable. Las cotizaciones están para financiar las pensiones y los impuestos para sufragar otros servicios públicos. Si el Gobierno decide bonificar las cotizaciones de un determinado colectivo, con el objetivo de fomentar el empleo, el coste debe ser asumido por los contribuyentes y no por los cotizantes de la Seguridad Social. Que cada palo del Estado aguante su vela.

La operación significa que la Seguridad Social tendrá las cuentas equilibradas, o incluso un pequeño superávit, en el año 2023. A cambio, el déficit del Estado crecerá en unos dos puntos, al asumir un gasto adicional de algo más de 22.000 millones de euros. El déficit público seguirá en el mismo nivel, pero se redistribuye entre administraciones: el sistema de pensiones se reequilibra y se acentúa la cojera de la Administración General del Estado. Lo que significa, en primer término, una necesaria clarificación de las cuentas.

Pero el trasvase de cotizaciones a impuestos supone también una mejora tangible. Para afrontar el mayor gasto en pensiones es preciso incrementar los ingresos. Si esto se hace exclusivamente por la vía de las cotizaciones, todo el esfuerzo se traducirá en un aumento de los costes laborales y una reducción del empleo. La vía de los impuestos es mucho más flexible y más rica en opciones. El Gobierno dispone de toda la política fiscal, incluyendo el recorte de determinados gastos o la subida de impuestos, para complementar los ingresos por cotizaciones. Y para garantizar las pensiones públicas de hoy y de mañana.