Eléctricas, una batalla fascinante

Tal como era previsible, estalló la guerra de las eléctricas contra el Gobierno enemigo. ¡Tiempos aquellos en que se decía que quien mandaba en este país era Unesa, la patronal de la luz! No hace tantos decenios, esas compañías pasaban por ser las financiadoras de los partidos y el poder fáctico por excelencia, a la altura de la banca y de todo el Ibex. Ahora el Gobierno ha decidido convertirlas en el enemigo público en un juego populista que empezó el día que Teresa Ribera les echó en cara su falta de empatía. Les va a sacar -«detraer», dice la literatura oficial- 2.600 millones de euros y eso convierte a Pedro Sánchez en el nuevo Robin Hood que roba a los ricos para dárnoslo a los pobres consumidores.

La imagen es fantástica: un Gobierno de izquierda contra un poder económico. El ideal de cualquier activista. Pablo Iglesias, ahora tertuliano, soñaba con algo así en sus cruzadas contra los empresarios, a los que atribuía, y quizá siga atribuyendo, más poder que al Parlamento. Su sucesora Ione Belarra está tan seducida por lo que ocurre, que pasó de reclamar una empresa pública de electricidad, a atribuir a Unidas Podemos la paternidad de las siete medidas aprobadas para bajar el recibo. Empiezo a pensar que el salario mínimo no se retrasa por diferencias en la cuantía de la subida, sino por la pelea por la paternidad -estando Podemos por medio habría que decir maternidad- del nuevo salario.

El Ejecutivo saldrá fortalecido si, como san Jorge, clava su lanza en el dragón eléctrico. Todo el populismo ambiente le jaleará, aunque, como ayer apuntábamos, las empresas se vayan a hacer puñetas. Y esas empresas, a través del Foro de la Industria Nuclear, amenazan con Hiroshima: están dispuestas a lanzar la bomba atómica, que es adelantar el cierre de las centrales nucleares, que todavía son fundamentales para el abastecimiento de energía. No creo que lo puedan hacer, porque el Gobierno las podría militarizar, como hizo José Blanco con los controladores aéreos cuando pretendían paralizar el país, pero ahí está el reto.

Por todo ello, sospecho que la gran batalla será la jurídica, y no sería la primera vez que un gobierno la pierde. Lo peor de Robin Hood es que cambió las reglas del partido cuando el partido se estaba jugando. La consecuencia nefasta es que produjo una enorme inseguridad jurídica entre los inversores. Pocos confían en un Gobierno donde hay ministros comunistas, pero menos aún se fían de un país que no garantiza estabilidad en los beneficios o los recorta bajo la consigna que ayer repitió Pedro Sánchez en el Congreso: «El interés de los ciudadanos está por encima de cualquier interés particular». Políticamente es un principio irreprochable, pero en una batalla económica los amos del dinero lo entienden como un arma más de la guerra. La última palabra, como tantas veces, la tendrá que decir un tribunal.