¿Se debe subir el SMI?

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acaba de pactar con los sindicatos, subir 35 euros el salario mínimo interprofesional (SMI), para el conjunto del año 2022. Durante las dos últimas décadas, las grades subidas del SMI se han producido con el actual Gobierno socialista.

En 2019, pasó de 735 a 900 euros. En 2020, el SMI se incrementó hasta los 950 euros. En septiembre del año pasado, aumentó hasta los 965. Y este año llegará a los 1.000 euros. De este modo, en solo tres años, el salario mínimo habría subido un 36 %. La previsión es que también aumente en 2023, último año de legislatura. Estos incrementos no se justifican ni por alzas de precios ni por aumentos de la productividad (que lleva más de tres años cayendo). Su motivación es «conseguir votos», mantener una buena armonía con los sindicatos y contentar a Unidas Podemos.

Puede haber otras razones para subir el SMI. En enero de 2020, la Comisión Europea propuso fijar un salario mínimo en todos los países de la UE, que alcance, al menos, el 60 % del salario medio. Con la subida de este año 2022, el SMI estaría en ese nivel. Además, se necesita reactivar la economía a través del aumento del consumo. Finalmente, es conveniente mejorar la distribución de la renta. Sin embargo, se suele olvidar que el aumento de la desigualdad económica se debe, sobre todo, al desempleo. Y, precisamente, la subida del salario mínimo tiene efectos negativos sobre la creación de empleo. Además, los incrementos del SMI tienden a aumentar la economía sumergida. Allí no rigen salarios mínimos, ni contratos escritos, ni protecciones sociales. Se trata de la lamentable explotación, tantas veces denostada.

Por tanto, aumentar el salario mínimo va en la dirección contraria a la mejora en la distribución de la renta. Ya que se convierte en una de las causas del elevado y persistente desempleo de la economía legal en España.

Además, esta medida repercute en el incremento de los costes laborales de las empresas. También por un «efecto comparación». Si los trabajadores de inferior categoría cobran más, los del nivel siguiente pedirán un aumento de sueldo, y así, sucesivamente, a lo largo de la escala salarial. Lo que presiona todavía más a los empresarios, ya muy castigados por diversos factores: la pandemia, el encarecimiento de los suministros y el alto precio de la electricidad. Por tanto, muchas pequeñas y medianas empresas se pueden ver abocadas al cierre o a trabajar en la economía irregular.

La mayoría de la gente piensa que los trabajadores de baja cualificación y los que buscan su primer empleo se van a beneficiar de un salario mínimo más alto. Esto es falso. El empresario puede decidir que no le merece la pena pagar ese salario más alto. Y, por tanto, no contratar o despedir al trabajador, organizando la empresa de otro modo. Por ejemplo, automatizando la producción.

El 75 % de los jóvenes desempleados procede de sectores de baja cualificación. El otro 25 % ha terminado una carrera universitaria o el bachillerato. Por lo general, los empresarios prefieren contratar a personas con experiencia. Y un salario mínimo elevado no facilita que los jóvenes adquieran esa experiencia. En consecuencia, en España el paro juvenil, que es el 31 %, sigue estando en el nivel más alto de la UE.

Esta subida del SMI tampoco beneficia a la competitividad internacional de la economía española, pues incrementa los costes laborales unitarios de nuestras compañías. Con el salario mínimo pasa lo mismo que con otras medidas de política económica. Su adopción no resulta beneficiosa para el conjunto del país. Sin embargo, es una decisión popular y puede dar votos al Gobierno que la toma.