Paradojas del legislador, falta de previsión de la Administración

No tiene sentido aprobar leyes si la Administración no provee medios y mecanismos suficientes para su efectiva aplicación. Me refiero a la Ley 8/2021 de 2 de junio, reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, que entró en vigor en septiembre del 2021 e impone a los juzgados de familia, en un período de tres años, revisar las medidas adoptadas en procesos de incapacitación. Se trata de revisar miles de expedientes judiciales anteriores a la entrada en vigor de dicha reforma. Desde la aprobación hasta la entrada en vigor de la ley hubo margen suficiente para adoptar medidas destinadas a evitar el colapso de unos juzgados que ya venían sufriendo una sobrecarga de trabajo; sin embargo, falló la necesaria previsión.

En A Coruña, el partido judicial que más conozco, según cifras del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de familia soportan desde hace cuatro años, de media, una carga del 154,75 %. Pese a ello, cuenta con los mismos juzgados de familia que antes de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, y no podemos olvidar que en estos juzgados se dirimen cuestiones muy sensibles y trascendentales para las familias, que no admiten demora.

Además, para la aplicación de la mencionada reforma legislativa nos encontramos con otro inconveniente infranqueable: la dificultad de obtener un informe o dictamen pericial de profesionales del ámbito social que, por exigencia de la reforma, ha de acompañarse necesariamente con la solicitud de medidas de apoyo. Los profesionales que han de expedir dichos informes —trabajadores de servicios sociales— se niegan a expedirlos a particulares, alegando que tan solo los facilitarán a instancia del juzgado o de una administración pública; los juzgados, a su vez, amparándose en la exigencia de la ley, inadmiten las solicitudes de medidas de apoyo si no van acompañadas de dicho informe social. En definitiva, se está formando un bucle que colapsa la Justicia y perjudica a los ciudadanos.

A Coruña, al igual que otros partidos judiciales, necesita de manera urgente un nuevo juzgado de familia; además, es necesario que la administración pública actúe con celeridad y propicie la efectiva aplicación de las leyes desde su entrada en vigor. Es de justicia.