Sánchez fía su futuro a nuestra amnesia

Por si alguien no lo recuerda, los hechos se desarrollaron como sigue: después de muchos años amagando, un grupo de políticos catalanes desafiaron los consejos legales de sus propios abogados en el Parlamento autonómico y declararon la independencia de Cataluña. La fiesta, a la que habían convocado a algunos cientos de corresponsales de todo el mundo, duró menos de 24 horas, porque al día siguiente el líder de la revuelta, el presidente Puigdemont, escapó a Bélgica escondido en el maletero de un coche. Parte de los alborotadores, en concreto los que no huyeron, fueron encarcelados por una jueza de la Audiencia Nacional, posteriormente juzgados por el Tribunal Supremo, y hace un año y medio indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez, que llegó a la Moncloa con el apoyo de sus votos independentistas. Entre entradas y salidas, Junqueras y el resto de consellers se pasaron en prisión más de tres años y medio.

Hace menos de una semana, el mismo Gobierno de Pedro Sánchez llegó a un acuerdo con los independentistas de ERC para reformar el Código Penal y rebajar a un tercio las penas por el delito de sedición. La explicación oficial es que la legislación española tiene que homologarse a la europea. Ya puestos a reformar, y como los líderes independentistas habían sido también condenados por malversar fondos públicos para organizar la farsa independentista, ERC y una parte de Podemos se han animado y han propuesto también meterle mano a este segundo delito, malversación, de manera que a partir de ahora el derroche solo sería punible si se pudiera probar que el político juzgado se quedó con el dinero.

Curiosamente, la Audiencia de Sevilla acaba de darle 10 días al expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, para que ingrese en prisión para cumplir su pena de seis años por el caso de los ERE, un latrocinio mediante el cual se despistaron casi 700 millones de euros públicos que acabaron en el bolsillo de familiares, amigos y militantes afines al PSOE andaluz.

¿Va a servir esta inminente reforma del delito de sedición para proteger mejor al Estado de un eventual nuevo ataque a su Constitución? No. Todo lo contrario. Las penas máximas se rebajan de 15 a 5 años, y lo único que cambiará es que cualquier desorden público podrá ser perseguido por esta vía. Es decir, que ocupar una fábrica en el marco de una huelga laboral tendrá la misma tipificación que asaltar el Congreso de los Diputados.

¿Permitirá la modificación del Código Penal luchar mejor contra los políticos que despilfarren dinero público? Tampoco. De hecho, si el sujeto en cuestión no se ha metido el dinero en el bolsillo, sino que lo ha destinado a, por ejemplo, comprarle armas a Putin, no debería tener mayor problema con la justicia.

¿Ha enloquecido Sánchez?¿No está calibrando el efecto que todas estas medidas pueden provocar en la intención de voto para las municipales de mayo o las generales de dentro de un año? La respuesta está en el convencimiento del presidente de que todo se arregla con el paso del tiempo. Y por nuestra asombrosa capacidad para olvidar. Ahí están los indultos a los políticos indepes. Una quimera hace tres años. Una posibilidad inverosímil hace dos. Un hecho en la primavera del año pasado. Y hoy un trámite olvidado para la mayor parte de la opinión pública.

De momento, el tiempo le va dando la razón. Habrá que ver si el cántaro se rompe antes de llegar a la fuente electoral. Aunque también ahí juega Sánchez con las cartas marcadas. Feijoo no puede ser tan naíf como para pensar que será presidente si gana las elecciones. Mucho menos después de todas estas concesiones al independentismo, que le garantizan al PSOE más de treinta escaños de ERC, Bildu y compañía.  

Decía Borges que no somos otra cosa que nuestra memoria, ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Y por tanto, para Sánchez no somos nada. Animales amnésicos cuya memoria dura lo que dura un vídeo de TikTok.