Hacia una nueva política fiscal

Dentro de muy pocos días elegiremos en España a un número importante de representantes políticos a nivel municipal y autonómico. A finales de año volveremos a ser llamados a las urnas para decidir si se produce un cambio de ciclo político. Aunque las elecciones generales siempre suponen un gran desafío, estos procesos electorales van a tener lugar en un momento decisivo para el futuro de nuestro país. Sobre todo, porque vivimos una situación económica, social e institucional muy compleja.

El mundo actual parece encontrarse en una especie de crisis sistémica, que cada vez recuerda más al modelo vuca, es decir, volatilidad, incertidumbre (uncertainty, en inglés), complejidad y ambigüedad. La inseguridad sobre el futuro inmediato ha pasado ya a ser marca de la casa, y en el primer cuarto del siglo XXI se han incrementado las tensiones políticas, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro planeta empieza a reflejar el escenario distópico de los cisnes negros: el brexit, la pandemia, la gran renuncia, la guerra de Ucrania, la inflación, los elevados niveles de deuda, la posibilidad de una recesión…

Ante este escenario son muchas las reformas que cualquier Gobierno tendrá que afrontar en los próximos años. Controlar la inflación debe estar entre sus objetivos prioritarios, para evitar la llegada de la temida estanflación, pero deben adoptarse también medidas a más largo plazo. Medidas que sienten las bases para una estabilidad de precios y un crecimiento sostenido.

El Gobierno de Pedro Sánchez respondió a la inflación con políticas de gasto. De esta manera, financió el consumo de los productos energéticos, optó por subir las pensiones en función del IPC y aprobó el ingreso mínimo vital, entre otras medidas. Afrontar la inflación con más gasto público es como apagar un fuego con gasolina. Es una política que provoca más inflación, más déficit y más deuda pública. Inicialmente, se redujo el déficit público gracias al aumento de los ingresos fiscales generados por la subida de precios y salarios. A la larga, la caída del consumo, por un lado, y el aumento de las prestaciones de desempleo, por otro, harán que resulte insostenible la situación.

El proceso de consolidación fiscal que tendrá que afrontar nuestra economía en los próximos años debe centrarse en conseguir una mayor eficiencia del gasto público, y no en incrementar los impuestos. Nuestro país presenta un claro margen de mejora, ya que en las clasificaciones internacionales aparece sistemáticamente por debajo de los promedios de la UE y la OCDE. El objetivo debería ser lograr una Administración más flexible, más dinámica y, por supuesto, más eficaz.

España puede reducir el gasto de las administraciones públicas. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Si tomamos como referencia los 635.000 millones de euros aprobados en el 2022, y restamos a esta cantidad los 180.000 millones de euros de gasto presupuestado para el ejercicio por la Seguridad Social, encontramos que los capítulos no ligados a pensiones suman 455.000 millones. A esta cifra se le podrían recortar entre 64.000 y 118.000 millones de euros, dependiendo del grado de eficiencia alcanzado. Esto supondría un ahorro de entre el 14 y el 26 % respectivamente.

Por el lado de los ingresos cabe un replanteamiento del sistema tributario, que pasa por aumentar el peso relativo de los impuestos indirectos y por reducir el de los gravámenes directos. Se debe modificar la estructura impositiva, sin aumentar la presión fiscal. Es posible reducir los impuestos más distorsionantes, como el IRPF (deflactándolo), las cotizaciones sociales o los beneficios no distribuidos. Pero, sobre todo, se trata de concentrarse en gastar menos y gastar mejor.