La improvisación fiscal

Un sistema fiscal competitivo y eficiente es aquel que mantiene tipos impositivos bajos para no desalentar la iniciativa privada y no resultar excesivamente complejo, reduciendo así las posibles distorsiones económicas. Además, el conjunto de políticas tributarias y normas fiscales debe guardar coherencia entre sí; es decir, deben ser consistentes y alinearse lógicamente para alcanzar objetivos económicos y sociales específicos. Por ejemplo, si un objetivo de política económica es fijar población en determinadas áreas, un sistema coherente ofrecería bonificaciones y deducciones a los más jóvenes, como se hace en Portugal.

Según el Índice Internacional de Competitividad Fiscal elaborado anualmente por la Tax Foundation, España ocupa el puesto 33 entre 38 economías analizadas. En este contexto, desde el año 2022 el Ministerio de Hacienda dispone de un libro blanco sobre la reforma tributaria que identifica los retos estructurales del sistema fiscal. Aunque puede haber discrepancias sobre sus propuestas, al menos estas presentan una dirección concreta. Entre los retos señalados destacan la sostenibilidad de las finanzas públicas, la transición hacia una economía descarbonizada y digital, y la reducción de desigualdades. Para afrontarlos, se proponen medidas como el ensanchamiento de bases imponibles, la reordenación de la fiscalidad medioambiental, la mejora de la eficiencia recaudatoria y la eliminación de incentivos fiscales injustificados, todo ello bajo un enfoque gradualista que no obstaculice la recuperación económica.

Sin embargo, el panorama político actual dificulta la aprobación de una reforma fiscal estructural. La falta de una mayoría parlamentaria estable y la prioridad del Gobierno por asegurar su supervivencia en el corto plazo han dado lugar a medidas fiscales inconexas. Estas iniciativas parecen más dirigidas a justificar el quinto desembolso de los fondos europeos de recuperación y a cumplir con la transposición de directivas de la UE, como la que establece un tipo mínimo para las multinacionales, que a configurar un sistema fiscal coherente y eficiente.

El Gobierno y sus socios parlamentarios, además, tienen intereses contrapuestos. Por ejemplo, mientras partidos como el BNG, ERC y Bildu defienden los impuestos extraordinarios a las energéticas y la banca como esenciales, formaciones como el PNV y Junts los rechazan.

Según Fedea, estos impuestos parecen más una penalización ideológica hacia ciertos sectores que una medida fiscal diseñada estratégicamente.

Por otro lado, la técnica legislativa utilizada adolece de numerosos defectos. Ciudadanos y empresas necesitan certidumbre para planificar sus actividades económicas y cumplir con sus obligaciones tributarias de manera eficiente. Intentar aprobar una mal llamada reforma fiscal a través de la citada transposición pone de manifiesto la improvisación en el diseño de la política tributaria y desvirtúa el objetivo de crear un marco fiscal estable y adecuado a las necesidades del país.

En conclusión, la improvisación fiscal del Gobierno no supera los principios básicos de la imposición y carece de la solidez necesaria para abordar los desafíos estructurales del sistema tributario en España.