Turistas contribuyentes «glocales»

En esta época de «incertezas excesivas» en la que nos ha tocado vivir hay ciertos problemas en los que parece, recordando la maravillosa merienda de locos de Lewis Carroll, son «siempre las seis de la tarde». Vivimos en una permanente hora del té en torno a libros blancos de expertos que, por suerte, suelen envejecer bastante bien. Todo ello hasta que, de repente, encuentran su ventana de oportunidad y se alinean soluciones y problemas. Da la sensación de que este es el caso de las propuestas que se están planteando a nivel global y local en relación con el fenómeno del turismo y su sostenibilidad económica, y ya crecientemente social y ambiental.

Decía el novelista norteamericano Don DeLillo que «ser un turista significa huir de la responsabilidad», explotar la urbe romana, su patrimonio arquitectónico, cultural y físico —la ciudad física—, sin preocuparse demasiado por su civitas, de los entornos de proximidad ciudadana. Generando a su vez un nuevo reparto de ganadores y perdedores en el relato de la ciudad y en las distorsiones que genera en la economía, pero también en las infraestructuras, los servicios, así como la planificación de la respuesta a situaciones de emergencia o crisis, por ejemplo.

En este contexto, especialmente en el horizonte diseñado por el nuevo marco fiscal de la UE, se plantea el papel del turista como contribuyente a la sostenibilidad económica, social y ambiental a nivel global y local. A nivel global, si bien es cierto que poniendo énfasis en la garantía de la seguridad, la UE prevé la entrada en vigor el próximo año del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), en virtud del cual todos aquellos ciudadanos de los más de 60 países que no necesitan visado para acceder a 30 países europeos —se incluye Islandia, Suiza o Noruega, más allá de la UE— deberán abonar una tasa de tramitación de 7 euros. A nivel local son múltiples las iniciativas, desde la hotel tax norteamericana, la taxe de séjour francesa o el contributo di soggiorno italiano, pasando por los 26 municipios —y al alza— que ya cobran un impuesto por noche en alojamientos turísticos. En España, esta propuesta ya formó parte del informe final de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local del 2017, que proponía la creación de un nuevo impuesto potestativo local ligado a las estancias turísticas, con el objetivo de que los «turistas contribuyan, aunque sea modestamente, a la financiación de unos servicios públicos de los que disfrutan, aunque en menor medida que los residentes». Ante la imposibilidad legal de exigir una tasa por servicios como el alumbrado, la limpieza de la vía pública o la vigilancia pública en general, se propone un impuesto que contribuya a la sostenibilidad y para hacer frente a las externalidades negativas que genera el fenómeno del turismo de masas especialmente en el ámbito local. Se trata de iniciativas relevantes si van acompañadas de un énfasis en la planificación —ex-ante y ex-post— y en la evaluación de sus efectos, especialmente si los rendimientos de esta nueva tributación están vinculados a finalidades específicas, y todo ello sin perjuicio del control de legalidad imprescindible, que, como escribía estos días en el diario portugués Público el juiz conselheiro del Tribunal de Contas portugués, Pestana de Vasconcelos, é «um ato essencial de um Estado de direito» (un acto esencial de un Estado de derecho).