Absolución de Dani Alves

La reciente sentencia absolutoria del TSJC en el caso de Dani Alves no solo ha generado debate jurídico, sino también una preocupante reacción política que merece reflexión. Especialmente, cuando se cuestiona abiertamente una resolución judicial adoptada por tres magistradas y un magistrado, todos ellos profesionales independientes, sin más interés que el de aplicar el derecho.

El respeto a las decisiones judiciales es piedra angular de cualquier democracia. La justicia no puede estar supeditada a la opinión pública, ni a intereses partidistas. La presunción de inocencia no es una fórmula vacía: es un derecho constitucional recogido en el artículo 24 de la Carta Magna, y su vulneración genera daños que rara vez pueden repararse. ¿Cómo se resarce a una persona absuelta tras haber sido condenada en el juicio paralelo mediático? ¿Quién asume el coste personal, familiar y reputacional?

Los comentarios vertidos sobre la sentencia, calificándola como «violencia institucional», no solo son improcedentes, sino que suponen una injerencia en el poder judicial. Una crítica política que trata de invalidar la independencia judicial es, en sí misma, un acto de violencia institucional.

Una justicia que absuelve cuando hay dudas no es débil, es garantista. En un Estado de derecho no cabe exigir condenas por conveniencia social o política. La imparcialidad del juez y la sujeción al principio in dubio pro reo son las verdaderas defensas del ciudadano frente al abuso.

La lucha por la igualdad y contra la violencia machista es necesaria. Pero pierde fuerza cuando se instrumentaliza políticamente, y se desacredita al sistema judicial cada vez que una resolución no encaja con un discurso ideológico.

No hay justicia sin garantías. Y no hay democracia sin respeto a la separación de poderes. Defender esto no es conservadurismo: es constitucionalismo.