El PSOE sigue la estela del PP a la hora de las promesas

De falta de optimismo no se podrá acusar al alcalde de Ourense. Espera -o eso dice, al menos- que en el primer trimestre del próximo año, es decir, de aquí a marzo, pueda ofrecer a la Xunta los terrenos situados en las traseras de la calle Remedios, para la construcción de un edificio para nueva sede de los juzgados, pretensiosa y pomposamente denominada cidade xudicial desde el gobierno gallego. Ya en enero del 2005 había pregonado el gobierno municipal, a la sazón del PP y con Manuel Cabezas en la alcaldía, que disponía de ese mismo suelo para ofrecerlo a la administración con el fin de que se construyese un centro de salud para O Couto. Hasta hoy.

Y si el gobierno local interpretó entonces a su manera una sentencia del Tribunal Superior de Galicia de septiembre del 2003, que simplemente desestimaba un recurso de los titulares del terreno en relación con los derechos de aprovechamiento de los que creían disponer, sin discutir la Sala en modo alguno la propiedad, ahora son los socialistas los que esperan una rápida solución por la vía de la expropiación. Lo cual, visto desde otro punto de vista, aporta un matiz, en la medida en que se acepta que aquel espacio tiene dueño, que no es de titularidad municipal y que no está condicionado a cesión alguna por parte de quienes construyeron los edificios.

Cinco meses

Que vaya a resolverse en cinco meses el proceso de expropiación y posterior vuelta al ámbito judicial, ante una más que previsible falta de acuerdo sobre el precio final, parece sin embargo difícil.

Tiene este espacio un primer problema de delimitación, pues, como el propio Tribunal Superior de Galicia admitía en su resolución de septiembre del 2003, incluso existen «grandes dificultades para fijar la exacta superficie» de una de las fincas, por la sucesión de reparcelaciones y segregaciones, hasta veintiocho, a partir de la finca matriz. Aunque consolidada la edificación, concentrada sobre la calle Remedios, existe entre los propietarios de los solares hoy desocupados el convencimiento de que les queda aprovechamiento urbanístico que rentabilizar. Tienen, además, margen y tiempo para seguir reclamando en la vía judicial, sobre todo si no coinciden, como de hecho ocurre, las mediciones del terreno con los datos del Registro de la Propiedad.

Añádase a todo ello que en las traseras de los edificios de Remedios han quedado espacios sobrantes, que lindan con los peculiares viales allí existentes, pegados a los inmuebles, y se acumula un problema más para llevar a buen puerto la pretensión del gobierno municipal.

Que el Concello de Ourense haya iniciado el procedimiento expropiador significa, finalmente, que la vía del diálogo con los litigantes está formalmente cerrada y la administración local opta por la mediación del Jurado Provincial de Expropiación, al que corresponderá el establecimiento del precio efectivo. Sólo si la tasación fuese suficientemente golosa, o eso dicta la lógica de los negocios, aceptarían los propietarios el cobro de la indemnización y la perspectiva de dar carpetazo al asunto. Y si eso no ocurre, el desenlace se puede prolongar meses y meses, o años y años.