El Concello pide legalizar la ayuda a domicilio 20 días después de adjudicarla

El Concello de Ourense remitió el 11 de enero del 2012 a la Xunta la documentación necesaria para legalizar el servicio de ayuda a domicilio de Ourense. Este intento por regularizar la actividad llega 20 días después de que el bipartito ourensano (PSOE y BNG) adjudicarán por la «vía de urgencia» en junta de gobierno el contrato a una UTE formada por la empresa de Koplowitz FCC y la ourensana Corporación LS.

El gobierno local hizo público este trámite justo durante el debate de una moción del PP, en la que instaba a regularizar la actividad. «Era unha cuestión menor», justificó la concejala de Benestar Social Marga Martín, quien calificó de «exemplar» el servicio al tiempo que acusaba al PP de dejar una pobre herencia en materia de bienestar social. En concreto, Marga Martín reprochó a los populares el estado en que se encontraron las cuatro unidades administrativas -casco viejo, Colón, A Ponte y centro- . Su situación, según la responsable de Benestar Social, frenaba los trámites para homologar el servicio de ayuda a domicilio de Ourense.

El proceso de adjudicación del contrato por un valor estimado de 16,8 millones de euros fue censurado por el Partido Popular. El edil Miguel Abad criticó la falta de información sobre el mismo: «Desde o 5 de setembro ata o 22 de decembro que o contrataron pola vía da urxencia o silencio e o escurantismo foi total».

El servicio fue concedido por un período máximo de seis años a la alianza de FCC -sin experiencia en el sector- y Corporación LS -propiedad del gerente del anterior concesionario y exsocio de José Troncoso que llevaba hasta ahora el servicio- en un concurso en el que participaban otras nueve firmas, entre ellas Mapfre, Eulen o Geriatros. Sobre la salida del exdelegado de Sanidade y exgerente del CHUO, José Troncoso, y unas declaraciones del alcalde en que lo vinculaba al PP se refirió Miguel Abad: «Espero que ser del PP no tuviera nada que ver con la decisión».

Deudas de la Xunta

Por su parte, la concejala de Benestar Social atacó a la Xunta por deber dinero al Concello en este campo: «O que ten que facer a Xunta é pagarnos o diñeiro que nos debe». Marga Martín también recordó que prestan atención a un total de 1.071 personas, 192 de ellas por solicitud de la Xunta. «Aquí nos esquecemos do máis importante, que son as persoas as que atendemos», concluyó el alcalde.