Un octogenario, desalojado de una residencia en A Peroxa por no poder pagarla

«Nunca pensé que un anciano pudiera sentirse tan huérfano». Esta es la dolorosa frase con la que Antonio Lopes Gonçalves finaliza el escrito enviado a la delegación territorial de la Consellería de Traballo e Benestar Social. En esa carta, Antonio alertaba de la situación de desamparo a la que se vería abocado desde principios de agosto, ya que tenía que abandonar la residencia Nuestra Señora de la Salud de A Peroxa, donde está ingresado desde el 7 de diciembre del 2012.

El motivo es que con los 524 euros que cobra de pensión no puede afrontar el pago de los 1.200 euros que cuesta ese centro residencial. Antonio sufrió un infarto hemorrágico hemisférico de origen embólico que le llevó a ingresar el el CHUO. Cuando recibió el alta en el centro sanitario, y al no poder valerse por si mismo, la Xunta lo envió temporalmente a la residencia de A Peroxa, pero el día 8 de julio desde la Fundación San Rosendo se le comunicó el fin del convenio con la Xerencia de Xestión Integrada del Sergas en Ourense para mantener su plaza, recordándole que si quiere continuar en el centro tiene que pagar 1.200 euros. Antonio abandonará hoy esa residencia de A Peroxa para dirigirse a su casa en Santa Comba de Bande, donde tendrá que vivir solo, a pesar de que sus problemas de salud, agravados por el ictus, hacen difícil imaginar cómo se arreglará.

Su mujer, Ana Alves, con la que convive desde hace 45 años tras quedar ella viuda, tiene alzhéimer y lleva 4 años en la residencia de Bande. Una de las hijas de ella, María, es la que se ocupa de apoyar al anciano y lo lleva todos los fines de semana a ver a su madre. «Ella todavía lo reconoce, y es como si reviviera; la gente que la cuida dice que se le nota cada vez que va», cuenta.

Aunque Antonio no es su padre, María se siente obligada moralmente con el octogenario. «Ha ejercido de padre; a mí me ha criado desde niña», resume. Pero también se siente impotente. Ella tiene problemas de salud, está en rehabilitación y pendiente de otra operación «y económicamente tampoco puedo pagar los 1.200 euros», añade.

Antonio tiene reconocido por la Ley de Dependencia, el derecho a una plaza residencial pública, pero de momento no se la han otorgado. Con fecha 29 de enero del 2013 la Consellería de Traballo e Benestar daba salida a su expediente con la «resolución de aprobación do programa individual de atención», en el que textualmente dice: «Recoñecer a don Lopes Gonçalves, Antonio, a inclusión no programa de asignación de recursos para o acceso a un servizo público de centro de atención residencial para maiores en situación de dependencia».