Un juez frena la privatización de la recogida de basura de la Diputación

La Justicia ha frenado en seco la privatización del servicio de recogida de basura de la Diputación de Ourense. Las modificaciones aplicadas por la Xunta en el canon de Sogama, las reticencias iniciales de los trabajadores y los cambios de planes para incluir nuevos servicios retrasaron en varias ocasiones el objetivo de externalización. Sin embargo, el gobierno provincial siguió adelante con la operación y, de hecho, había alcanzado un acuerdo con el comité de empresa para la transferencia del personal afectado (44 trabajadores) a la futura empresa concesionaria del servicio. Pues bien, ese pacto es nulo porque vulneraba derechos constitucionales.

Así lo ha dictaminado Pedro F. Rabanal, magistrado del Juzgado de lo social número cuatro de Ourense. Tras analizar la demanda presentada por la CIG, el juez concluye que el acuerdo entre el comité de empresa y la Diputación vulneraba el artículo 14 de la Constitución, aquel que establece que «los españoles son iguales ante la ley». Es así, según precisa, porque el pacto establece condiciones especiales para los trabajadores fijos, que tendrían garantizado su reingreso en la Diputación en caso de despido mientras que los temporales no: «No existe razón alguna que lo justifique desde el punto de vista de la igualdad».

Ello no implica, por otro lado, que los fijos estuvieran sobreprotegidos. Más bien al contrario, ya que la posibilidad de volver a la Diputación al ser despedidos quedaba supeditada a que renunciasen a la indemnización que les correspondiese, que ingresaría la institución provincial y no los trabajadores. Ello «supone una vulneración del principio de irrenunciabilidad de derechos» y «se atreve a negar virtualidad y eficacia a las resoluciones judiciales en directa confrontación con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Española», expone el juez.

Otro de los argumentos que avalan la anulación del acuerdo para la privatización del servicio de recogida de basura es que el pacto afecta a los derechos y obligaciones de la futura empresa concesionaria, de modo que también esta debería participar en las negociaciones.

Recursos

La decisión judicial ya ha sido recurrida por la Diputación, que insistirá ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en los argumentos expuestos en la primera fase del proceso. Básicamente, la institución provincial defendía que el pacto con los trabajadores era una «mera declaración de intenciones» de cara a la futura externalización del servicio, pero que no existió «negociación estrictu sensu para poder impugnar». También la CIG ha formalizado un recurso porque no se aceptaron todas las alegaciones que había presentado.